Reformas para evitar doble nacionalidad quienes ejercen titularidad del Poder Eje.

Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera aprobaron el dictamen a la minuta que reforma los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de nacionalidad única para el ejercicio de la titularidad de los poderes ejecutivos federal y locales.

En lo general y en lo particular, el dictamen fue avalado por 12 votos a favor y seis en contra de la Comisión de Puntos Constitucionales, que preside el senador Óscar Cantón Zetina; y 11 votos a favor y tres en contra de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, presidida por el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

Con estas modificaciones se establece que, para ser Presidenta o Presidente, Gobernador o Gobernadora, Jefe o Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, se requiere, además de ser ciudadano o ciudadana mexicana por nacimiento, no tener ni adquirir otra nacionalidad y, en caso de tenerla, renunciar a ella previo a solicitar su registro como candidato o candidata en los términos que establezca la ley.

También dispone que quien ejerza dichos cargos no pueda adquirir ni solicitar otra nacionalidad, ni invocar ante autoridad extranjera una nacionalidad distinta de la mexicana.

Además, quedan comprendidos en dicha prohibición, entre otros supuestos, el uso de pasaporte o documento de identidad expedido por un Estado extranjero, el ejercicio de los derechos políticos inherentes a la ciudadanía ante este y el acogerse a su protección diplomática.

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, aclaró que las reformas no ponen en duda la mexicanidad, el patriotismo o el compromiso con nuestro país. “No es una prohibición general ni una restricción de derechos políticos, sino un requisito de elegibilidad”, sostuvo.

El dictamen, recalcó, se dirige a tres cargos específicos, no se extiende al conjunto de cargos públicos. “Con esto, no bastará renunciar a la otra nacionalidad ante México, sino acreditar que dejó de tenerla conforme a las leyes del país que reconoce la otra nacionalidad”, concluyó.

Al fijar el posicionamiento de Morena, el senador Saúl Monreal Ávila afirmó que los migrantes tienen salvaguardados sus derechos, su trayectoria e importantes aportaciones. “Ante las posturas de gobiernos extranjeros estamos obligados a tomar medidas urgentes y de eso se trata esta reforma; lo que hacemos es defender nuestra soberanía”, destacó.

Marko Cortés Mendoza, del PAN, subrayó que estas reformas representan una regresión en materia de derechos humanos, porque la propia Constitución obliga a las autoridades a garantizar los derechos bajo el principio de progresividad. “No acompañaremos el dictamen por un acto de justicia, principalmente con los migrantes”, apuntó.

El senador Luis Alfonso Silva Romo, del PVEM, señaló que “la oposición habla de una narrativa oficialista, pero no lo es, porque hoy como nunca el país está amenazado por intereses foráneos, a los cuales los opositores acuden a entregarse”. Añadió que la soberanía nacional no se defiende con discursos, sino con trabajo, eficiencia y lealtad a la Constitución.

Del PRI, la senadora Claudia Anaya Mota estimó que las reformas restringen derechos a muchos de los connacionales, quienes ya se han expresado en contra de estas modificaciones constitucionales. “Nosotros estamos a favor de las y los migrantes y estamos en contra de cualquier restricción que se les quiera imponer”, puntualizó.

Alejandro González Yáñez, senador del PT, aseguró que los cambios son “soberanistas”, porque la esencia es establecer de manera expresa en la Constitución Política, el requisito de no tener ni adquirir una nacionalidad distinta a la mexicana para acceder a los cargos de presidente, gobernador o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, salvo que renuncie a ella.

De Movimiento Ciudadano, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, consideró que las modificaciones ya están en la legislación vigente, pues detalló que el artículo 32 constitucional ya reserva los cargos para los que se requiere ser mexicano por nacimiento y que no adquieran otra nacionalidad.