Reformas al código penal local en materia falsedad ante autoridades

El diputado César Emilio Guijosa Hernández expuso una iniciativa para reformar diversos artículos del Código Penal local en materia de falsedad ante autoridades.

La iniciativa busca, entre otras cosas, erradicar el desfase normativo del Código Penal local, ya que contiene diversos dispositivos que conservan la terminología y estructuras propias del anterior sistema inquisitivo, como la referencia a la “averiguación previa”, omitiendo su actualización a la “carpeta de investigación”, prevista por el Código Nacional de Procedimientos Penales.

“Esta omisión no es meramente formal, pues tiene implicaciones reales en la procuración e impartición de justicia, ya que limita el alcance y eficacia de tipos penales que sancionan conductas como la falsedad en declaración, la elaboración dolosa de dictámenes periciales o la presentación de testigos falsos.

“En muchos casos, estas conductas se cometen durante las fases iniciales del procedimiento penal, que son justamente las más cargadas de trabajo para ministerios públicos y órganos juzgadores. La falta de claridad en los tiempos y etapas procesales a los que se refieren las disposiciones penales genera incertidumbre, obstaculiza su aplicación, y puede derivar en impunidad”, advirtió el legislador.

A esta circunstancia se suma, apuntó el diputado, que los órganos jurisdiccionales enfrentan una carga de trabajo estructuralmente desproporcionada, que se ve agravada cuando deben invertir recursos en líneas de investigación o procedimientos judiciales sustentados en declaraciones o pruebas falseadas.

“Esta problemática, además de generar ineficiencias institucionales, vulnera el principio de veracidad que debe regir toda actuación procesal, y deteriora la confianza ciudadana en las instituciones de justicia, la cual sólo puede construirse sobre la base de la transparencia, la legalidad y la responsabilidad”, estimó Guijosa.

Por tal motivo, añadió el legislador, resulta urgente adecuar el marco normativo penal para dotar de precisión, alcance y operatividad a las figuras ya previstas, cerrando vacíos legales y ajustando su lenguaje al modelo acusatorio vigente.

“Sólo así será posible garantizar que quienes incurran en conductas dolosas que obstaculicen la función pública, respondan ante la ley en cualquier etapa del procedimiento penal, y que las instituciones cuenten con herramientas claras para sancionar esas conductas, preservar la justicia y optimizar su actuación en beneficio de la ciudadanía.

“La transformación de la vida pública exige la transparencia en todos los procedimientos a cargo de servidores públicos”, aseveró.

La iniciativa fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.Reformas al código penal local en

materia falsedad ante autoridades

El diputado César Emilio Guijosa Hernández expuso una iniciativa para reformar diversos artículos del Código Penal local en materia de falsedad ante autoridades.

La iniciativa busca, entre otras cosas, erradicar el desfase normativo del Código Penal local, ya que contiene diversos dispositivos que conservan la terminología y estructuras propias del anterior sistema inquisitivo, como la referencia a la “averiguación previa”, omitiendo su actualización a la “carpeta de investigación”, prevista por el Código Nacional de Procedimientos Penales.

“Esta omisión no es meramente formal, pues tiene implicaciones reales en la procuración e impartición de justicia, ya que limita el alcance y eficacia de tipos penales que sancionan conductas como la falsedad en declaración, la elaboración dolosa de dictámenes periciales o la presentación de testigos falsos.

“En muchos casos, estas conductas se cometen durante las fases iniciales del procedimiento penal, que son justamente las más cargadas de trabajo para ministerios públicos y órganos juzgadores. La falta de claridad en los tiempos y etapas procesales a los que se refieren las disposiciones penales genera incertidumbre, obstaculiza su aplicación, y puede derivar en impunidad”, advirtió el legislador.

A esta circunstancia se suma, apuntó el diputado, que los órganos jurisdiccionales enfrentan una carga de trabajo estructuralmente desproporcionada, que se ve agravada cuando deben invertir recursos en líneas de investigación o procedimientos judiciales sustentados en declaraciones o pruebas falseadas.

“Esta problemática, además de generar ineficiencias institucionales, vulnera el principio de veracidad que debe regir toda actuación procesal, y deteriora la confianza ciudadana en las instituciones de justicia, la cual sólo puede construirse sobre la base de la transparencia, la legalidad y la responsabilidad”, estimó Guijosa.

Por tal motivo, añadió el legislador, resulta urgente adecuar el marco normativo penal para dotar de precisión, alcance y operatividad a las figuras ya previstas, cerrando vacíos legales y ajustando su lenguaje al modelo acusatorio vigente.

“Sólo así será posible garantizar que quienes incurran en conductas dolosas que obstaculicen la función pública, respondan ante la ley en cualquier etapa del procedimiento penal, y que las instituciones cuenten con herramientas claras para sancionar esas conductas, preservar la justicia y optimizar su actuación en beneficio de la ciudadanía.

“La transformación de la vida pública exige la transparencia en todos los procedimientos a cargo de servidores públicos”, aseveró.

La iniciativa fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.