Reformar Ley de Protección Fomento al Empleo y el Código Fiscal, de CDMX,
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Ante el progresivo envejecimiento poblacional que enfrenta la Ciudad de México, el Congreso local analiza una iniciativa que busca impulsar la inclusión laboral de las personas mayores o con alguna discapacidad, mediante cuotas progresivas en el sector público y estímulos fiscales a las empresas que promuevan su contratación.
La propuesta del diputado Ricardo Rubio Torres plantea reformar los artículos 1, 4, 5, 19, 21 y 24, así como adicionar el 25 Bis, 25 Ter, 25 Quáter, 25 Quintus y 25 Sextus, de la Ley de Protección y Fomento al Empleo de la Ciudad de México.
También adicionar el Artículo 159 Bis al Código Fiscal capitalino en su Capítulo V del impuesto sobre nóminas.
En su documento, el legislador del Partido Acción Nacional (PAN) expone que la capital del país enfrenta una transformación demográfica profunda, caracterizada por el acelerado envejecimiento de su población.
Precisa que, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, esta metrópoli se ubica a la cabeza de personas mayores de 60 años del país, con el 16.2 por ciento del total, frente al promedio nacional del 12 por ciento, lo que implica crecientes desafíos en protección social, empleo y seguridad económica.
La iniciativa destaca que, según el Sistema de Información Estratégica en Salud, Dependencia Funcional y Envejecimiento (SIESDE) 2020, en la CDMX habitan un millón 491 mil 619 personas de 60 años o más, y que quienes tienen de 60 a 69 años representan el 9 por ciento de la población. Esto indica que un número considerable de personas mayores todavía son potencialmente productivas y con capacidad de participar de forma activa en el mercado laboral.
En este sentido, se estima que para el año 2030 existirán más de 14 millones de personas mayores de 65 años, y que el incremento sostenido de la población mayor, combinado con las limitaciones estructurales del mercado laboral para su inclusión en condiciones de igualdad, puede generar escenarios de vulnerabilidad económica y social si no se adoptan medidas legislativas oportunas.
El diputado panista resalta en su texto que las personas con alguna discapacidad enfrentan barreras estructurales que limitan su participación plena en la vida económica, debido a que sufren múltiples formas de discriminación derivadas de barreras físicas, sociales y económicas que restringen su acceso al empleo formal.
“La presente iniciativa responde a esta necesidad estructural, proponiendo una política pública integral de inclusión laboral que permita reducir brechas de desigualdad, fortalecer la autonomía económica y garantizar el ejercicio efectivo del derecho al trabajo en la Ciudad de México”, subraya.
El pasado jueves, en el marco de la Sesión Ordinaria del Congreso local, la Mesa Directiva turnó la iniciativa, para su análisis y dictamen, a las Comisiones Unidas de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, y de Hacienda.
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