Reforma sobre propiedad industrial Ley Federal Protección Propiedad I.

Las Comisiones Unidas de Justicia, Economía y Estudios Legislativos Primera aprobaron un dictamen para modernizar el marco penal mexicano en materia de derechos de propiedad intelectual.

Estos órganos legislativos, que presiden los senadores Javier Corral Jurado, Emmanuel Reyes Carmona y Manuel Huerta Ladrón de Guevara respectivamente, avalaron con 34 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones la reforma a diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

Dicho proyecto busca armonizar la legislación nacional en la materia con los acuerdos comerciales internacionales de los que México es parte, entre ellos, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

Corral Jurado explicó que se realizó una adecuación en el artículo 403 Bis de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, para “eliminar cualquier insinuación calumniosa sobre el objetivo o propósito de esta reforma”.

De esta manera, detalló, se aprobó dejar en claro que: “Se impondrá de uno a cinco años de prisión y multa de mil a diez mil Unidades de Medida y Actualización vigente al momento en que se cometa el delito, a quien utilice, reproduzca, imite o incorpore, a escala comercial, la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o cualquier documento de carácter oficial perteneciente a cualquier institución pública de los tres órdenes de gobierno, para inducir al error o engaño, con la intención de cometer un ilícito sobre el origen oficial de una comunicación, documento, plataforma, servicio, sistema informático o cualquier otra actuación atribuible a una institución pública, a través de cualquier medio”.

Corral Jurado precisó que el fondo de este proyecto es sustituir en ambas leyes el concepto de “ánimo de lucro” por el de “escala comercial”, lo que permitirá acreditar conductas ilícitas mediante datos objetivos y verificables para facilitar la investigación de delitos relacionados con propiedad industrial.

Además, establece que existe impacto perjudicial significativo cuando el valor de los objetos infractores, calculado conforme al valor de los productos originales al precio de mercado o al precio sugerido de venta al por menor, es igual o superior a 170 Unidades de Medida y Actualización.

El Senador indicó que también se precisa que las empresas enfrenten consecuencias jurídicas por delitos de propiedad intelectual al incluir la explotación de obras, la venta en establecimientos y la distribución previa al lanzamiento oficial.

Asimismo, abarca delitos relacionados con marcas, secretos industriales y el nuevo tipo penal de identidad gráfica gubernamental; este último, consiste en el uso indebido y no autorizado de la identidad institucional del Estado mexicano cuando es utilizada sin autorización para buscar el beneficio económico o para generar un impacto perjudicial.

Javier Corral detalló que se hicieron varias modificaciones a la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal, entre ellas, la incorporación de supuestos penales por los cuales las personas jurídicas podrán enfrentar consecuencias cuando hayan intervenido en la comisión de un delito.

Entre estos supuestos se encuentran la explotación ilícita de interpretaciones o ejecuciones; el acceso ilícito a señales cifradas y sistemas de distribución de contenidos; la elusión de medidas tecnológicas de protección; la fabricación de dispositivos para eludir dichas medidas, y la prestación de servicios para su elusión.

El presidente de la Comisión de Economía, Emmanuel Reyes Carmona, destacó que esta reforma no sólo cumple con las obligaciones internacionales de las que México es parte, como el T-MEC, sino que también fortalece la economía, la productividad y la innovación.

Además, incrementa la confianza en las instituciones del Estado, como el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y garantiza una respuesta penal, clara, eficaz y proporcional frente a las conductas que vulneran los derechos de propiedad industrial.

Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, sostuvo que las leyes deben actualizarse, pues las modalidades para cometer delitos también han cambiado de manera profunda.

Por ejemplo, recordó que hoy existen nuevas formas de producir, vender, compartir y falsificar productos a través de medios como las plataformas digitales, mediante el comercio en internet y a través de cadenas de distribución que atraviesan las fronteras de nuestro país.