Reforma para que la prisión preventiva oficiosa no criminalice a la pobreza

Lo que debía ser una excepción en la aplicación de la prisión preventiva oficiosa se convirtió en una regla que afecta, en la mayoría de los casos, a personas de escasos recursos, con educación básica, acusados por robo y sin acceso a una defensa adecuada.

La senadora Patricia Mercado Castro, de Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa para reformar el artículo 19 de la Constitución Política, a fin de que las y los jueces puedan recurrir a medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva oficiosa, en los delitos relacionados con daño patrimonial.

Se trata, agregó, de no criminalizar la pobreza; asegurar que el imputado continué su proceso en libertad para que pueda reparar el daño a la víctima; evitar el hacinamiento o la construcción de más cárceles; y de generar menores costos al Estado por la comisión de delitos de este tipo.

Patricia Mercado refirió que, de acuerdo con la Información Estadística Penitenciaria Nacional, hasta septiembre de 2021, el total de la población privada de su libertad en México sumaba 222 mil 600 personas; de ellas, 95 mil 424 no tenían sentencia, es decir, estaban internas bajo esta figura.

“A 42.93 por ciento de las personas privadas de su libertad no se les respetó su derecho a la presunción de inocencia, la mayoría de ellos son pobres, con educación básica, acusados por robo y sin acceso a una defensa adecuada”.

En los centros de internamiento locales, agregó la legisladora, tanto en mujeres como hombres, el robo aparece como la primera causa de internamiento con 32.9 por ciento y 26.4 por ciento, respectivamente.

“Así -acotó Patricia Mercado-, la cárcel es un instrumento de castigo que encierra a personas pobres por delitos que en su mayoría están relacionados al daño patrimonial”.

La senadora asentó que la labor del Estado debe ser buscar la reparación del daño y que el delito no vuelva a repetirse. Para ello, consideró, en este tipo de ilícitos, aplicar la prisión preventiva oficiosa resulta no sólo inútil sino contraproducente.

Los datos denotan que el principal motivo para delinquir no es la falta de empleo, sino las profundas inequidades sociales que no satisfacen las expectativas de consumo y la realización personal, factores que se profundizan con la cárcel, ya que la familia, especialmente las y los hijos, enfrentan consecuencias emocionales, sociales y económicas.

Más grave aún, advirtió, en promedio en México cada defensor público atiende 163 casos al año, lo cual no permite que los imputados tengan una defensa adecuada. Como consecuencia, 88.4 por ciento de los casos obtienen sentencias condenatorias.

“La falta de acceso a la educación, los bajos ingresos por empleos precarios y la falta de defensa adecuada han llenado las cárceles del país de personas pobres de quienes ni siquiera hay certeza jurídica de su culpabilidad”.

Mercado Castro agregó que esta figura incumple el principio de proporcionalidad, pues en la gran mayoría de los casos lo robado fue dinero, tarjetas de crédito y teléfonos celulares. “La vinculación a prisión preventiva oficiosa en estos casos es porque las imputaciones a estos robos están vinculadas al uso de violencia y/o armas como lo establece el artículo 19 Constitucional”.

En este sentido, asentó la legisladora en el proyecto que fue turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales, el posible daño no es proporcional al daño causado con la medida precautoria impuesta de manera oficiosa.