Reforma Ley de Alcaldías para garantizar mantenimiento cámaras video vigilancia

A fin de establecer con claridad la obligación de las alcaldías de llevar un registro y garantizar el mantenimiento y la operación de las cámaras de video vigilancia adquiridas con recursos del presupuesto participativo, el Congreso de la Ciudad de México analiza una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de las Alcaldías capitalina.

Al presentar su propuesta ante la Comisión Permanente, en la sesión del 21 de enero, la diputada Lizzette Salgado Viramontes (PAN) explicó que –con la adición de la Fracción III Bis al Artículo 61 de la citada ley– se busca evitar que dichas cámaras se vuelvan obsoletas, queden abandonadas o dejen de funcionar por falta de mantenimiento al concluir el periodo de garantía inicial.

Desde la tribuna del Recinto Legislativo de Donceles, precisó que las 16 alcaldías deberán asumir una responsabilidad permanente sobre esa infraestructura, la cual contribuye a prevenir los delitos y generar entornos más seguros para los habitantes y visitantes de la capital del país.

Argumentó que la reforma daría certeza jurídica sobre la responsabilidad de las alcaldías en esta materia y protegería la inversión ciudadana, al evitar que los recursos del presupuesto participativo se pierdan. Además, agregó, se mejoraría la coordinación y planeación en seguridad local, y se brindaría mayor confianza a los vecinos, al saber que sus proyectos no serán abandonados.

“No se trata en esta ocasión de proponer adquirir cámaras nuevas, ni de aumentar el gasto para ello, sino de algo más sencillo: cuidar, preservar y hacer funcional una infraestructura que ya existe y que fue financiada con recursos decididos directamente por y para los vecinos”, expresó.

Salgado Viramontes consideró preocupante que después del primer año, cuando termina la obligación de mantenimiento de la empresa instaladora, muchas cámaras de video vigilancia dejan de funcionar, sin conexión o simplemente se abandonan.

Esto, apuntó, se traduce en desperdicio de recursos públicos, frustración ciudadana y pérdida de las condiciones de seguridad para las colonias.

Destacó que en la Ciudad de México viven más de 9 millones de habitantes, a los que se suman diariamente más de 2.3 millones de personas que trabajan o transitan en esta metrópoli, por lo que la video vigilancia es una herramienta estratégica para garantizar su seguridad.

La legisladora blanquiazul indicó que el Gobierno capitalino cuenta con más de 83 mil cámaras de video vigilancia y tiene la meta de llegar a 150 mil, al cierre de la actual administración, con un presupuesto que en 2025 superó los 2 mil 200 millones de pesos.

“El presupuesto participativo es una de las herramientas más valiosas de nuestra democracia local, pero decidir no es suficiente. También es indispensable garantizar resultados.

No podemos seguir permitiendo que la ciudadanía invierta en seguridad y que al poco tiempo esas cámaras dejen de servir por falta de responsabilidad institucional”, aseveró.

La iniciativa fue turnada por la Mesa Directiva, para su análisis y dictamen, a las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de Alcaldías y Límites Territoriales.