Reforma constitucional rentas justas, razonables y asequibles
El Congreso de la Ciudad de México dio cuenta este martes al Pleno Legislativo sobre la iniciativa del Gobierno capitalino en materia de rentas justas, razonables y asequibles, la cual fue recibida por este órgano colegiado el pasado 23 de abril.
En el marco de la Sesión Ordinaria, el diputado Jesús Sesma Suárez, Presidente de la Mesa Directiva, informó que el proyecto de decreto por el cual se adicionan diversas disposiciones a la Constitución Política capitalina sería turnado a dos comisiones para su análisis y dictaminación.
Serán las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Vivienda a las que les tocará analizar la reforma constitucional propuesta por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.
La iniciativa plantea los siguientes puntos principales: establecer en la Carta Magna local que los precios de las rentas no pueden subir por arriba de la inflación, a efecto de que nadie se enriquezca a costa de la necesidad de otro.
También incluir la obligación del gobierno de formular una política integral para incrementar significativamente la oferta de vivienda social y asequible, así como los correspondientes mecanismos de acceso a la misma. Contemplar la implementación de una política que disminuya los efectos negativos de la gentrificación, y la creación de una institución pública dedicada a la promoción y defensa de los derechos y obligaciones en las relaciones inquilinarias.
El documento remitido por el Gobierno capitalino somete a consideración del Congreso local el reconocimiento constitucional del derecho de todo habitante al arraigo vecinal y comunitario, con la finalidad de preservar su vínculo social, cultural, económico y territorial con la ciudad.
Además, explica que uno de los efectos negativos de la gentrificación es el desplazamiento de la población originaria, a consecuencia del aumento del costo de la vivienda, para adquirir o arrendar, así como de los bienes y servicios de la zona, provocando la expulsión de más de 20 mil familias.
Expone que, desde hace 25 años, el promedio de hogares capitalinos sin una vivienda se ha mantenido en 42 mil, derivado del abandono de las políticas de vivienda social cuando la ciudad más crecía.
De acuerdo con la iniciativa, la situación económica cambiante y la falta de vivienda afectan particularmente a la juventud y grupos de atención prioritaria, que han tenido que abandonar su aspiración legítima a una vivienda propia o de acceder a un arrendamiento justo y digno.
La propuesta de la Jefa de Gobierno reconoce que esta reforma constituye un parteaguas en la lucha por el territorio, la habitabilidad y la conquista efectiva del derecho a la ciudad.
Además, que la Ciudad de México será la primera del país y del mundo en establecer en su Constitución un límite al crecimiento de los alquileres y una obligación concreta de articular políticas públicas contra la gentrificación.
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