Rediseñar protocolos de actuaciónante accidentes en horario escolar

A fin de fortalecer los mecanismos de prevención, atención y acompañamiento en situaciones de emergencia escolar y brindar certeza jurídica a quienes desempeñan funciones educativas, el Partido del Trabajo urgió a la Secretaría de Educación Pública y sus homólogas en los estados, a revisar y actualizar los protocolos de atención a emergencias en planteles escolares, incorporando la presencia obligatoria de personal de salud durante el horario escolar.

Asimismo, pide establecer criterios claros para la atención y en su caso, remisión inmediata de estudiantes con lesiones a centros médicos con capacidad de atención especializada, además, un registro formal y seguimiento del estado clínico del alumno.

Mediante un punto de acuerdo presentado a la Comisión Permanente, las senadoras Geovanna Bañuelos, Yeidckol Polevnsky, Liz Sánchez y Ana Karen Hernández, así como el senador Alberto Anaya, solicitaron implementar un programa nacional de capacitación y asesoría legal para docentes, orientado a protocolos de atención de emergencias médicas, derechos y responsabilidades ante eventos críticos y de mecanismos de respaldo.

Lo anterior, luego de que un profesor de Baja California fuera vinculado a proceso por el delito de omisión de auxilio y posteriormente declarado culpable y sentenciado con pena mínima, tras el fallecimiento de un alumno a consecuencia de una caída derivando en un traumatismo craneoencefálico durante el horario escolar.

Este caso, destacó la senadora Yeidckol Polevnsky, ha despertado un debate nacional sobre la criminalización del personal docente, la fragilidad de los protocolos de emergencia en los planteles escolares, y la cadena de responsabilidad que va desde el primer respondiente hasta la atención médica especializada.

La legisladora del PT explicó que en este caso el docente activó de inmediato el seguro escolar, notificó a los padres de familia y condujo al alumno a una clínica conforme al protocolo vigente de la Secretaría de Educación; no obstante, se le criminalizó.

“Esto evidencia una paradoja alarmante: se exige a los docentes que sean guías, salvaguardas, primeros auxilios, psicólogos y orientadores, pero sin garantías jurídicas, sin herramientas adecuadas, y muchas veces sin respaldo institucional”, señaló.

Y afirmó que como este caso, se producen errores institucionales o vacíos normativos, la responsabilidad termina recayendo injustamente en quien debería ser protegido por su labor social”.

Yeidckol Polevnsky lamentó que este caso no sea aislado, y representa una señal de alerta sobre los riesgos de no contar con personal médico en las escuelas, sobre protocolos mal diseñados o inadecuadamente comunicados, y sobre un sistema que delega responsabilidades sin proporcionar los medios materiales y humanos para cumplirlas.

“Desde el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, refrendamos nuestro compromiso con las maestras y los maestros de México. Reconocemos su labor como eje esencial del desarrollo humano, social y nacional, y exigimos que el Estado mexicano les garantice condiciones laborales dignas, respaldo institucional y protección jurídica. No permitiremos que se criminalice a quienes han hecho de la enseñanza un acto de vocación, responsabilidad y servicio”, concluyó.

El punto de acuerdo fue turnado a la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente, para su análisis y posterior dictamen.