Ratifica por unanimidad Convenio 176 sobre seguridad y salud en las minas

Por unanimidad, el Senado de la República aprobó un dictamen para ratificar el Convenio 176 sobre Seguridad y Salud en las Minas, adoptado en Ginebra en 1995, con el cual nuestro país se compromete a establecer un marco jurídico de protección, que garantice las condiciones de trabajo seguras y saludables en la actividad minera.

El documento, avalado con 101 votos y enviado al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales, subraya que la vinculación de México a dicho convenio contribuirá a reducir el número de muertes por enfermedades o accidentes derivados de esta actividad.

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la minería es considerada como una ocupación de alto riesgo, y a nivel mundial representa ocho por ciento de los accidentes mortales en el trabajo, aunado a las enfermedades graves que genera.

Por ello, con dicha aprobación, México tendrá que establecer que todas las minas de la nación tengan estándares mínimos que protejan la salud y la seguridad de las personas trabajadoras, a fin de promover un entorno seguro y saludable en la industria.

También se deberán formular, implementar y revisar periódicamente las políticas que garanticen la protección de los trabajadores, para la mejora continua de las condiciones de seguridad en estos espacios de trabajo.

En el ámbito de la evaluación y análisis de riesgo, se tienen que establecer procedimientos para la identificación sistemática y evaluación de posibles riesgos asociados con las operaciones mineras, las cuales deberán tener medidas preventivas y correctivas a implementar, con base en los resultados de estos mismos.

Los trabajadores tendrán la oportunidad de crear comités de seguridad y salud en las mismas, con la representación equitativa de trabajadores y empleadores.

El convenio prevé la capacitación continua en seguridad y salud para todos los trabajadores, así como la formación específica para la atención de emergencias y uso de equipos de protección personal.

Además, los empleadores tendrán la obligación de proveer al empleado el equipo de protección personal necesario, así como garantizar el mantenimiento de éste para su correcto funcionamiento.

De igual manera, el documento señala que los empleadores deben garantizar que todos los equipos e instalaciones sean seguros y cumplan las normas vigentes, para lo cual se establecerán sistemas de inspección regulares y efectivos para asegurar el cumplimiento de las normativas de seguridad.

El presidente de la Comisión de Organismos Internacionales, Marko Cortés Mendoza, expresó que la ratificación de este convenio empodera al trabajador minero, cuida su salud y obliga al empleador a garantizar condiciones seguras para que se realice.

La presidenta de la Comisión de Minería, Lorenia Iveth Valles Sampedro, subrayó que este sector representa 2.8 por ciento del Producto Interno Bruto y emplea a más de 416 mil personas; por ello, es necesario fortalecer la legislación actual, para que refuerce su enfoque sostenible y que busque el bienestar de los trabajadores, las comunidades y del cuidado al medio ambiente.

Por la Comisión de Relaciones Exteriores, Alejandro Murat Hinojosa manifestó que la ratificación del convenio es una obligación y un reconocimiento a la dignidad humana, mediante la cual México protege a su gente, valora a sus trabajadores y está decidido a modernizar su marco laboral, mediante los principios de seguridad, responsabilidad y justicia social.

Para la senadora de Sasil de León Villard, de Morena, la ratificación de este instrumento internacional es un ejemplo claro del compromiso que ha asumido la Cuarta Transformación con el bienestar de las trabajadoras y trabajadores mineros, que por décadas fueron invisibilizados por gobiernos neoliberales que pusieron por delante los intereses de grandes empresas.

La senadora del PAN, María de Jesús Díaz Marmolejo, dijo que la minería es una de las actividades más riesgosas, pues la exposición de los mineros a elementos dañinos puede generarles graves enfermedades, por ello, la ratificación del convenio representa un paso importante hacia la dignificación del trabajo minero y la consolidación del compromiso con sus derechos laborales.

En tanto, Virginia Magaña Fonseca, del PVEM, destacó que las vidas de los trabajadores no son negociables, y sus condiciones de trabajo deben ser ajenas a situaciones de peligro inminente. Consideró que es fundamental impulsar un modelo de desarrollo con protección ambiental y justicia laboral, donde el crecimiento económico no vaya en detrimento de los ecosistemas ni de la dignidad humana.

Del PT, Lizeth Sánchez García subrayó que el trabajo minero demanda fuerza, técnica y valor, pero también exige al Estado garantizar condiciones seguras para quienes la realizan, pues cada mina activa debe ser un espacio de producción, no de peligro, y los trabajadores deben tener la certeza de que volverán con vida al final de su jornada.

Amalia Dolores García Medina, de Movimiento Ciudadano, señaló que la vida de los trabajadores mineros es corta por las enfermedades que adquieren al realizar su trabajo, por lo que se requiere “dar un salto” a favor de los derechos humanos de los mineros, para que tengan seguridad, medidas de prevención, atención a la salud de manera continua y permanente en sus espacios laborales.