¿Quién verifica al verificador? debe crear en CDMX el sistema digital para identificara servidores públicos, principal corruptos

Al solicitar, ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México (CCDMX), identificador digital, para servidores públicos y órdenes de visita, además de una plataforma pública y gratuita para que los ciudadanos puedan comprobar su identidad, habilitación y facultades, y de esa forma descubrir a servidores públicos corruptos, los diputados de Morena y aliados dieron la espalda.

En los momentos que el diputado del PAN, en el Congreso de la Ciudad de México (CCDMX), Ricardo Rubio Torres presentaba ante el Pleno una iniciativa para crear el Sistema Digital de Verificación Ciudadana de Actos de Autoridad, los congresistas del partido de las mayorías y sus aliados, lo tomaron de “loco”, y dejaron que hablará sin que nadie lo tomara en cuenta.

Mientras unos platicaban entre si otros platicaban con terceras personas por medio de sus celulares, pero nadie le hacía caso, y como sueles suceder, solo alzaron las manos para aceptar o negar la iniciativa.

El objetivo de la iniciativa era para que las personas puedan comprobar, de manera sencilla y accesible, la identidad y las facultades de los servidores públicos que realizan actos de verificación administrativa.

El legislador explicó que actualmente un ciudadano puede encontrarse ante una persona que afirma ser servidor público, presenta una credencial y una orden de visita, pero no necesariamente cuenta con un mecanismo inmediato para comprobar que dicha persona pertenece a la institución señalada, que está habilitada para ejercer sus funciones o que la orden que presenta es auténtica y vigente.

“Se trata de algo muy sencillo: que la autoridad también pueda ser verificada por la ciudadanía”, señaló Rubio

De acuerdo con el Primer Informe de Gobierno de la Ciudad de México 2024-2025, entre octubre de 2024 y agosto de 2025 se realizaron 17,907 acciones de verificación administrativa en la capital, lo que representa miles de interacciones directas entre ciudadanos, establecimientos y autoridades.

A este contexto se suman los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025 del INEGI, publicada en mayo de 2026, que registró en la Ciudad de México 17,905 víctimas de actos de corrupción por cada 100,000 habitantes que tuvieron contacto con servidores públicos, ubicando a la entidad en el sexto lugar nacional.

Asimismo, la incidencia de actos de corrupción pasó de 28,777 por cada 100,000 habitantes en 2023 a 38,866 en 2025, mientras que la cifra nacional fue de 27,438, por lo que la tasa registrada en la Ciudad de México fue aproximadamente 42% superior al promedio nacional.

Rubio precisó que estos datos no significan que las verificaciones administrativas sean actos de corrupción, pero consideró que sí evidencian la importancia de fortalecer mecanismos preventivos que permitan generar mayor certeza jurídica.

El panista explicó que la iniciativa contempla tres instrumentos principales: uno, el Identificador Digital de Persona Servidora Pública: único e intransferible, vinculado con la identidad, cargo, adscripción y habilitación vigente del servidor público; dos, el Identificador Digital del Acto Administrativo: relacionado con la orden de visita, oficio de comisión o actuación administrativa, para verificar su existencia, autoridad emisora y vigencia; y tres, el Sistema Digital de Verificación Ciudadana: plataforma oficial y gratuita mediante la cual la ciudadanía podrá consultar y verificar dicha información.

La información pública incluiría nombre, fotografía institucional, cargo, adscripción, número de credencial y estado de habilitación. En contraste, datos personales sensibles como domicilio, CURP, RFC, teléfonos, firmas y datos de expedientes permanecerían restringidos.

El legislador detalló que el proyecto también contempla mecanismos de acceso para personas que no cuenten con teléfono inteligente o conexión a internet, mediante línea telefónica gratuita, módulos presenciales, códigos alfanuméricos y herramientas de accesibilidad.

"Además, los servidores públicos deberán utilizar mecanismos institucionales de validación y no podrán utilizar su teléfono personal ni exigir al ciudadano utilizar el suyo", mencionó.

Asimismo el diputado Rubio subrayó que uno de los puntos centrales de la propuesta es la incorporación del artículo 101 Bis, que establece el procedimiento ante inconsistencias entre la información del sistema y la persona que realiza la verificación.

"Cuando un servidor público no pueda acreditar su identidad, vigencia, habilitación o comisión, la diligencia deberá suspenderse", indicó.

El ciudadano podrá presentar un reporte de inconsistencia, obtener un folio y recibir una respuesta de la autoridad en un plazo máximo de cinco días hábiles.

Rubio destacó que la iniciativa establece salvaguardas para evitar que una falla tecnológica genere automáticamente la invalidez de una actuación administrativa.

Los identificadores digitales serán mecanismos auxiliares de verificación y no sustituirán las órdenes escritas, la competencia de la autoridad ni los requisitos de fundamentación y motivación.

El diputado señaló que la propuesta cuenta con antecedentes en otras instituciones. "En 2020, en el Estado de México, se informó sobre un mecanismo de gafetes con código QR que permitía verificar el nombre del inspector, el objeto y la fecha de la visita... asimismo, PROFECO utiliza actualmente credenciales de verificación con fotografía y código QR, además de la correspondiente orden de visita", precisó el panista.

“No estamos proponiendo una tecnología experimental; estamos llevando a la ley una herramienta que ya cuenta con antecedentes administrativos”, añadió.

La iniciativa reforma los artículos 2, 5 Bis, 99, 101 y 103 y adiciona los artículos 5 Ter y 101 Bis de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México.

Finalmente, Rubio Torres destacó que la ENCIG 2025 señala que 61.8 por ciento de las personas de 18 años y más en la Ciudad de México tuvo al menos una interacción con el Gobierno mediante medios electrónicos, por lo que consideró que existe una oportunidad para utilizar la tecnología no sólo para facilitar trámites gubernamentales, sino también para fortalecer la verificación y trazabilidad de los actos de autoridad.

“El poder público debe ejercerse con facultades, pero también con identidad y responsabilidad”, concluyó el Diputado del Distrito 30, en Coyoacán.