Quien aspira a gobernar debe poner primero intereses de México y pueblo

La reforma para establecer la nacionalidad única para quienes aspiren a la Presidencia de México, gubernatura o Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México no cancela derechos de migrantes, pero sí da plena certeza sobre el vínculo jurídico desde el cual ejerce el poder aseguró la senadora Liz Sánchez.

“Estamos hablando de las responsabilidades más altas del Poder Ejecutivo; de cargos desde los cuales se toman decisiones sobre seguridad, recursos públicos, política interior, relación con otros países y conducción del Estado”, destacó.

Al fijar posicionamiento a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la legisladora por Puebla aclaró que la propuesta del Ejecutivo no elimina la doble nacionalidad, no desconoce a las familias binacionales y no le quita a nadie su nacionalidad mexicana.

“La doble nacionalidad seguirá reconocida para las mexicanas y los mexicanos que viven aquí o en el extranjero. Esta reforma no cambia eso. Tener otra nacionalidad no hace a nadie menos mexicano.  No borra raíces.  No rompe vínculos familiares.  No desconoce historias de vida ni el amor profundo que millones de personas sienten por México desde cualquier lugar del mundo”, enfatizó.

Liz Sánchez detalló que lo que se busca es establecer una condición jurídica específica para quienes decidan competir por uno de esos tres cargos y asumir la responsabilidad de gobernar.

“Encabezar un Poder Ejecutivo implica tener en las manos decisiones que pueden marcar el destino de millones de personas. Quien gobierne debe ejercer esa responsabilidad con una sola nacionalidad y con una prioridad por encima de cualquier otra: México”, apuntó.

En este sentido, explicó que será necesario adecuar la Ley de Nacionalidad y la legislación electoral, para establecer reglas claras para acreditar este requisito, con certeza para las personas que aspiren a esos cargos y para la ciudadanía que habrá de elegirlas.

Asimismo, informó que se contempla que la reforma pueda aplicarse a partir del proceso electoral de 2028, pero no afectará a quienes ya ejerzan esos cargos cuando entre en vigor. “Es importante que la gente conozca exactamente qué cambia y a quiénes se dirige”.

“Desde el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acompañaremos esta reforma. Lo hacemos porque creemos que quien aspire a gobernar debe poner los intereses de México y de su pueblo primero”, concluyó.