Prueba Congreso CDMX 3 dictámenes a favor de la base trabajadora CDMX

Por unanimidad, el Congreso de la Ciudad de México aprobó tres dictámenes de reformas a la Ley Federal del Trabajo (LFT), a fin de que las y los trabajadores dispongan de ocho horas remuneradas al año para atender asuntos de carácter personal; para fortalecer la libertad sindical y la democracia al interior de los sindicatos, y para que los contratos de trabajo sean redactados en lengua indígena cuando así corresponda.

Debido a que los tres dictámenes modifican diversas disposiciones de dicho ordenamiento federal, la Mesa Directiva del Poder Legislativo capitalino los remitirá al Congreso de la Unión para que continúen su proceso parlamentario.

La fundamentación de los documentos estuvo a cargo del diputado Juan Estuardo Rubio Gualito, en su calidad de Presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social.

El primer dictamen, basado en una iniciativa del legislador Pedro Haces Lago, adiciona un Capítulo I Bis denominado "Horas Personales de las Personas Trabajadoras" al Título Cuarto de la Ley Federal del Trabajo, así como los artículos 133 Bis, 133 Ter y 133 Quáter.

De acuerdo con Rubio Gualito, esta propuesta buscaría incorporar a la LFT el derecho de los trabajadores a disponer anualmente de ocho horas personales remuneradas para atender situaciones personales como una cita médica, un trámite oficial o una reunión escolar entre docentes y padres de familia.

Explicó que además estas horas podrían utilizarse de manera fraccionada. “Son situaciones comunes que forman parte de nuestras responsabilidades personales y familiares.

Sin embargo, para millones de personas trabajadoras, atender cualquiera de estas necesidades puede significar perder parte de su salario, recibir una sanción o simplemente depender de la buena voluntad del empleador”, refirió desde la tribuna.

Al respecto, indicó que esas horas deberán de pagarse conforme al salario ordinario del trabajador, sin afectar vacaciones, antigüedad, premios de asistencia, puntualidad o cualquier otra prestación.

Precisó que ese tiempo será adicional a los permisos y licencias que actualmente reconoce la legislación laboral o los contratos colectivos de trabajo y las condiciones generales de trabajo.

Respecto al segundo dictamen de modificación a los artículos 373, 378, 685 Ter, 994, 1008 y 133 de la LFT, el congresista señaló que durante décadas los derechos sindicales fueron vulnerados mediante sindicatos blancos, contratos colectivos negociados a espaldas de los trabajadores y obstáculos para elegir libremente a sus representantes.

Precisó que éste tiene tres objetivos: prohibir la discriminación antisindical, para que ningún trabajador pueda ser perjudicado, despedido, condicionado de su empleo, por negarse a pertenecer a un sindicato o participar de sus actividades.

“Porque afiliarse o no a un sindicato, no puede convertirse en motivo de persecución laboral. La libertad sindical no puede ejercerse bajo en la pérdida del empleo”, subrayó.

En segundo lugar, fortalecería la democracia al interior de los sindicatos, para que los trabajadores puedan participar libremente para decidir sobre su representación y sus derechos colectivos.

También se reforzaría la rendición de cuentas sobre la administración del patrimonio sindical. El tercer objetivo busca dotar al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral de atribuciones sancionadoras.

Pese a que ya puede verificar el cumplimiento de distintas obligaciones, carece de facultades suficientes para imponer sanciones administrativas.

Respecto al último dictamen, que modifica la Fracción XXX del Artículo 132 de la LFT, Juan Estuardo Rubio Gualito precisó que se garantizaría que las y los hablantes de lenguas indígenas reciban sus contratos laborales en su propio lenguaje, para que conozcan sus salarios, prestaciones, horarios y obligaciones.

Ello para reducir la exclusión laboral, especialmente entre las mujeres indígenas. “Esta situación adquiere relevancia, si consideramos que, de acuerdo con la información del INEGI, existen más de siete millones de personas hablantes de una lengua indígena y que aproximadamente 866 mil de ellas no hablan español”.

Sobre el tercer dictamen, se pronunció a favor la diputada Paula Alejandra Pérez Córdova, Presidenta de la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios, Comunidades Indígenas Residentes y Comunidades Afromexicanas.

Ante el Pleno Legislativo afirmó que esta reforma representa un avance hacia espacios laborales más incluyentes y respetuosos de la diversidad cultural