Proteger el patrimonio de trabajadores ante abandono forzado de viviendas

Para hacer frente a situaciones de abandono de vivienda por despojo, desplazamiento forzado o violencia que pone en riesgo la vida, integridad o seguridad de trabajadores con créditos de vivienda, la senadora Geovanna Bañuelos propuso proteger el patrimonio de los derechohabientes que estén pagando un crédito hipotecario.

Al presentar una iniciativa que busca reformar el artículo 41 de la Ley del Infonavit y adicionar un artículo 183 Bis a la Ley del ISSSTE, la senadora vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) explicó que el objetivo es garantizar que las personas a derechohabientes que cuenten con un crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda (Infonavit) o del Fondo de Vivienda para los Trabajadores o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) puedan solicitar una prórroga de hasta 12 meses en los pagos, cuando no puedan habitar sus casas por inseguridad.

“La prórroga surtirá efectos a partir de la fecha del abandono o de la imposibilidad material de habitar la vivienda que conste en el documento emitido por autoridad competente, por un periodo inicial de 12 meses, renovable una sola vez por otros 12 meses y durante este periodo no se generarán intereses ordinarios ni moratorios y las amortizaciones no serían consideradas vencidas”, detalló la legisladora.

A nombre propio y de las senadoras Liz Sánchez, Yeidckol Polevnsky Gurwitz y Ana Karen Hernández, y del senador Alberto Anaya Gutiérrez, la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) también aclaró que la medida podrá aplicarse cuando exista una denuncia, una carpeta de investigación, una orden o medida de protección, así como una constancia emitida por una autoridad que reconozca el desplazamiento o la imposibilidad de habitar la vivienda.

Geovanna Bañuelos señaló que actualmente las leyes contemplan algunas prórrogas relacionadas con la pérdida de ingresos o la separación del servicio, pero no reconocen expresamente los casos en los que una persona debe abandonar su vivienda por despojo, desplazamiento forzado o violencia.

“Esta omisión genera una zona de desprotección patrimonial”, aseveró la legisladora por Zacatecas, al advertir que las personas pueden verse obligadas a continuar pagando un crédito por una vivienda que ya no pueden habitar, además de enfrentar los costos económicos, familiares y emocionales derivados de la situación

De acuerdo con la iniciativa, durante el primer semestre de 2026 se registraron más de 15 mil víctimas de despojo a nivel nacional, mientras que el Censo 2020 contabilizó más de 262 mil personas que cambiaron de residencia dentro del país entre 2015 y 2020 debido a inseguridad o violencia.

Asimismo, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2025 del Inegi, estimó que más de 248 mil hogares tuvieron que abandonar su vivienda durante 2024 para protegerse de la delincuencia.

Geovanna Bañuelos explicó que la propuesta también plantea que la protección tenga perspectiva de género, particularmente en casos de violencia física, psicológica, familiar o de género que representen un riesgo para la persona acreditada.

“La prórroga temporal ante abandono forzado de la vivienda armoniza esa función con el derecho humano a la vivienda adecuada, la seguridad en la tenencia, la atención a víctimas y la perspectiva de género”, señaló la líder parlamentaria.

Con esta reforma, el PT busca fortalecer la función social del Infonavit y FOVISSSTE y evitar que las víctimas de violencia por desplazamiento sufran el despojo de su principal patrimonio: su hogar. Así como intereses moratorios, deterioro patrimonial o la incorporación de sus créditos a cartera vencida.