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Proponen que viviendas de interés social sean de al menos 60 m²

hace 13 horas
3 min de lectura

Debido a que muchas viviendas de interés social no superan los 40 metros cuadrados en la Ciudad de México, lo que impacta en la calidad de vida de las personas, la diputada María del Rosario Morales Ramos propone reformar el Artículo 53 de la Ley de Vivienda capitalina, para garantizar que éstas cuenten con una superficie habitable mínima de 60 metros cuadrados.

Como parte de esa misma iniciativa, pretende modificar el Artículo 2398 del Código Civil local para establecer que en los contratos de arrendamiento la vivienda a rentar contemple dichas dimensiones.

La segunda propuesta de la integrante de la Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación (APPT) es para reformar los artículos 68 de la Ley de Vivienda y 951 del Código Civil.

Su objetivo es que las autoridades capitalinas del ramo implementen programas de financiamiento para que las personas puedan habitar una vivienda digna, asequible y segura.

Además, para que los departamentos o casas respondan a esas tres características. El pasado 4 de noviembre, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México informó que Morales Ramos registró ambas iniciativas, y que serían turnadas a las Comisiones Unidas de Vivienda y la de Administración y Procuración de Justicia, para su análisis y dictaminación.

En su primera iniciativa, señala que las viviendas de interés social tienen dimensiones que no superan los 40 metros cuadrados, lo que resulta inadecuado para familias de más de tres miembros y contraviene el estándar recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para una vivienda adecuada, que es de 100 a 125 metros cuadrados.

La representante popular sostiene que el tamaño reducido de las viviendas de interés social se debe a que los recursos financieros asignados a este rubro han sido insuficientes para garantizar que cumplan con las necesidades básicas de las familias.

Asimismo, advierte que vivir en espacios reducidos incrementa los niveles de estrés; afecta el desarrollo cognitivo de los menores de edad; limita la productividad de los adultos; complica la convivencia familiar, y limita la posibilidad de estudiar, descansar o laborar a distancia.

Esta situación, añade, perpetúa las condiciones de desigualdad, al restringir el acceso de las familias a oportunidades educativas y laborales. En su documento, María del Rosario Morales afirma que, al garantizar viviendas de interés social de al menos 60 metros cuadrados, se contribuiría a mejorar la calidad de vida de las personas; reducir las desigualdades sociales y promover el desarrollo integral de las comunidades.

También permitiría reducir los costos sociales y económicos asociados con la vivienda inadecuada. La segunda iniciativa modifica la Fracción VI del Artículo 68 de la Ley de Vivienda local.

Su finalidad es establecer que el Gobierno capitalino, a través de las autoridades del ramo, implemente programas de financiamiento -además de los apoyos ya existentes- para que los habitantes accedan a una vivienda que cumpla con los principios de adecuación, dignidad, asequibilidad y seguridad.

En su texto, la legisladora de la APPT refiere que la oferta de vivienda social es prácticamente inexistente si se carece de programas de financiamiento, y que eso impide a la población acceder a espacios habitables y funcionales.

“El financiamiento permite la construcción de nuevas unidades y la rehabilitación de viviendas en condiciones precarias”, puntualiza. Esta propuesta además reforma el Artículo 951 del Código Civil local para garantizar que los departamentos, viviendas, casas o locales de un inmueble, construidos en forma vertical, horizontal o mixta, cuenten con condiciones dignas, seguras y asequibles.

 

 
 
 

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