Proponen prisión de hasta 24 años para el delito de acoso sexual en línea a menores de edad

El diputado del Grupo Parlamentario de Morena, Nazario Norberto Sánchez, presentó en el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa que busca proteger a los niños, niñas y adolescentes de la CdMx, del grave delito del grooming, que atenta contra su integridad, su dignidad y su desarrollo.

Para ello, y asi prevenir, sancionar y erradicar el grooming propuso adicionar un segundo párrafo al artículo 181 bis del Código Penal de la Ciudad de México, para incluir: “a quien contacte, engañe, manipule, chantajee, amenace o extorsione a través de internet o cualquier otro medio electrónico a una persona de cualquier sexo menor de dieciocho años, a fin de ganar su confianza y establecer algún tipo de relación de amistad o sentimental y con ello obtener imágenes o videos con connotación o actividad sexual, se le impondrá de 17 a 24 años de prisión”

Explicó que el grooming es una forma de acoso sexual en línea que ocurre cuando un adulto contacta, engaña, manipula, chantajea, amenaza o extorsiona a una persona menor de edad, con el fin de ganar su confianza y establecer algún tipo de relación de amistad o sentimental, y con ello, obtener imágenes o videos con connotación o actividad sexual.

“Esta conducta representa un grave riesgo para las víctimas, que pueden sufrir daños psicológicos, emocionales y físicos, así como ser objeto de otros delitos como la pornografía infantil, la explotación sexual o el tráfico de personas”.

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, el 70% de los niños y niñas que usan internet han sido expuestos a algún tipo de acoso sexual en línea. En México, el 60% de los menores de edad que navegan en internet han recibido mensajes de desconocidos con contenido sexual. Además, el 80% de las víctimas de grooming no lo denuncian por miedo, vergüenza o culpa.

La reforma que busca reconocer la gravedad del grooming como una forma de violencia sexual contra la infancia y la adolescencia, se turnó a la  Comisión de Administración y Procuración de Justicia, para su análisis y dictamen.