Proponen hasta 8 años de prisión quien expida certificados Covid19

ELIZABETH TAPIA SILVA

El diputado de Morena, Nazario Norberto Sánchez, presentó una iniciativa para imponer de 4 a 8 años de prisión y de 26 mil a 179 mil pesos como multa a quien “expida, venda, o haga uso de certificados obconstancias médicas alteradas o que contengan información falsa que ponga en peligro la salud de otras personas”.

En la sesión virtual del Congreso de la Ciudad de México, el legislador expuso que el proyecto de decreto adiciona para el propósito un artículo 339 Bis al Código Penal vigente, con el fin de detener esta actividad ilícita. Según varios reportes en medios de comunicación, los resultados de las pruebas apócrifas se venden en las calles del centro histórico desde 700 a 800 pesos, sin embargo, se rebajan hasta 500 pesos.

En la exposición de motivos lamentó que la delincuencia se actualice día con día con el propósito de afectar a la colectividad y se esté aprovechando la pandemia con un nuevo negocio ilegal con la venta de resultados de pruebas de Covid-19, elaborada por “laboratorios clínicos apócrifos bajo las denominaciones de “El Chopo, Salud Digna, y Olab, entre otros”.

Esta situación se ha presentado en estados como Jalisco, Tamaulipas, Chihuahua y por supuesto en esta capital”.

El también presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas aseveró que además del impacto económico, es grave la usurpación de identidad de laboratorios que no se han prestado a este tipo de irregularidades, al tiempo que lamentablemente la intención del cliente puede ser obtener un resultado negativo cuando en realidad se encuentra contagiado y pone en riesgo la salud de otros.

Finalmente, Nazario Norberto hizo un llamado a la ciudadanía para no incurrir en estas prácticas, porque de acuerdo con la Secretaría de Salud Federal, la falsificación de pruebas de Covid-19 podría encubrir los indicadores e incrementar posteriormente la cifra de contagios y defunciones por este virus, además de comprometer la capacidad hospitalaria en las siguientes semanas y detener así la actividad económica del país.