Proponen grupo de trabajo para mediar conflicto territorial entre comunidades de Chiapas

La senadora Sasil de León Villard urgió a la Secretaría de Gobernación a que coordine un grupo de trabajo que medie en el conflicto territorial entre comunidades de los municipios de Aldama y Chenalhó, Chiapas, a fin de que cese la violencia en la región y que las personas desplazadas puedan regresar a sus hogares en condiciones adecuadas de seguridad.

Dicho grupo, sugirió, debe estar conformado por autoridades de los gobiernos estatal y municipales de Chiapas, así como por instancias federales y organizaciones ciudadanas. Asimismo, pidió al Congreso local que participe en este ejercicio de mediación.

De León Villard también solicitó a las fiscalías General de la República y del Estado de Chiapas que designen al personal necesario para que atiendan, de manera prioritaria, los asuntos legales que se puedan suscitar por los conflictos territoriales entre dichas comunidades.

Mediante un punto de acuerdo, que fue turnado a la Primera Comisión de la Permanente, explicó que en el municipio de Aldama hay más de mil 300 indígenas tzotziles, en su mayoría niños, que se encuentran desplazados, con escasez de alimento, sin atención médica y en campamentos a la intemperie en la comunidad Xuxchén.

Esta situación ha sido ocasionada debido al conflicto territorial con el poblado de Santa Martha, Chenalhó, que, además, ya cobró la vida de al menos tres personas, precisó la legisladora de Encuentro Social.

Advirtió que la disputa escala la intensidad de la violencia y afecta a miles de personas que han tenido que abandonar sus tierras ancestrales, por lo que la búsqueda de una solución urgente, pacífica y duradera, reclama la intervención de los tres órdenes de gobierno y grupos organizados de la sociedad civil para recobrar la paz y tranquilidad en la zona de conflicto.

Los desplazados sobreviven con pocos alimentos, pues no han podido trabajar sus tierras para la siembra de frijol y maíz, principal consumo de los tzotziles, y no cuentan con recursos económicos porque sus cafetales fueron destruidos.

Sasil de León explicó que recientemente las reuniones entre el gobierno de Chiapas y las partes en conflicto para llegar a acuerdos han sido nulas y, en contraste, las agresiones con armas de fuego han ido en aumento.

Comunidades enteras, mencionó, se desplazan hasta las regiones montañosas más alejadas para salvar sus vidas, “pero sufriendo adversidades por la falta de dinero, por no poder sembrar sus tierras y, en general, debido a la incertidumbre que actos de violencia generan en este conflicto”.

Recordó que anteriormente la Organización de las Naciones Unidas ha realizado recomendaciones a nuestro país, por los desplazamientos forzados de comunidades en diversas regiones de Chiapas, y ha urgido a México a dar una respuesta integral, pronta, adecuada y que brinde la seguridad necesaria a las víctimas.