Propone PT combatir comercio ilegal de flora y fauna silvestre

Para combatir y disminuir los altos niveles de comercio ilegal de flora y fauna endémica a través de medios electrónicos y redes sociales la senadora Geovanna Bañuelos, propuso facultar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que formule, conduzca y coordine con las entidades federativas y los municipios la Estrategia Nacional de combate al comercio ilegal de flora y fauna silvestre.

A nombre propio y de las senadoras Cora Pinedo Alonso, Martha Márquez y el senador Joel Padilla, la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo presentó a la Comisión Permanente una iniciativa para modificar el artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal a fin de disminuir los altos niveles de comercio a través de medios electrónicos y crear conciencia en la población de las consecuencias las consecuencias ambientales de esta terrible práctica.

“Tenemos la obligación imperiosa de impulsar los mecanismos jurídicos que posibiliten la sana convivencia de los seres humanos con la naturaleza, siendo conscientes de la responsabilidad que tenemos respecto su protección, desarrollo y conservación”, aseveró la senadora Geovanna Bañuelos.

La líder petista explicó que el tráfico ilegal de vida silvestre representa un negocio de amplias dimensiones, donde se involucran grandes cantidades de dinero, ubicándolo en el cuarto lugar de importancia como comercio ilegal en el mundo, después del tráfico de drogas, el tráfico de personas y los productos falsificados.

“Datos oficiales de la ONU indican que esta modalidad delictiva mueve globalmente cerca de 23 mil millones de dólares anuales”, enfatizó.

Asimismo, ocupa el segundo lugar a nivel mundial como amenaza para la vida silvestre, después de la destrucción y fragmentación de hábitats naturales.

Al fundamentar la propuesta, Geovanna Bañuelos, enfatizó que históricamente México guarda una relación intrínseca con la naturaleza. Nuestros antepasados se encargaban de enaltecer con orgullo las especies endémicas de sus regiones.

No obstante, cada año en México, miles de especies de animales y plantas son extraídas de su hábitat natural con fines de lucro. “Por ello, debemos reconocer el problema que representa la compra y venta ilícita de fauna silvestre a través de diversas redes sociales, aplicaciones digitales y sitios de internet”, aseguró Geovanna Bañuelos.

La legisladora por Zacatecas, refirió que el tráfico ilegal de la vida silvestre por internet se ha convertido en una actividad tan normalizada que somos testigos de noticias y reportajes que documentan que especies en peligro de extinción, así como flora endémica, son vendidos sin ningún tipo de regulación o información.

“Millones de animales son sacados de sus hábitats para ser vendidos como animales de compañía, mientras que las personas se maravillan de plantas y flores exóticas, provocando que el mercado de venta ilegal de flora y fauna es uno de los negocios más redituables del mundo”, agregó.

En México, las especies más afectadas son el perico cabeza amarilla, la guacamaya roja y verde, el tucán pecho amarillo, el mono araña, el mono aullador, la tarántula rodillas rojas, la iguana negra y las víboras de cascabel.

El comercio ilegal de vida silvestre ha ido en aumento en los últimos cinco años y, consigo, la posibilidad de la extinción a más de 7 mil especies de todas las regiones del planeta.

Geovanna Bañuelos enfatizó que ante esta realidad se necesitan acciones de todos los sectores de la población, compromiso por parte de las empresas, responsabilidad del Estado y acciones que en verdad impulsen la cooperación, sensibilización y educación compartida para salir avante frente a esta crisis.

“En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo buscamos proteger el impacto directo e irreversible en la biodiversidad que genera la venta ilegal de flora y fauna silvestre, lo cual se observa en el declive poblacional de las especies con alto valor comercial”, concluyó Geovanna Bañuelos.

La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores para su análisis y posterior dictamen.