Propone armonizar la ley para retirar al agresor en casos de violencia de género

Durante la sesión del Congreso de la Ciudad de México, el diputado Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, con el objetivo de establecer como medida obligatoria y urgente la desocupación inmediata del domicilio por parte del agresor en casos de violencia familiar o de género.

“La violencia en el ámbito familiar continúa siendo uno de los delitos más denunciados en la capital, con más de 33 mil carpetas de investigación abiertas en 2024. Esto representa el 20% del total de delitos denunciados, y evidencia la necesidad de medidas contundentes de protección para las mujeres”, señaló el legislador.

Esta iniciativa forma parte del proceso de armonización legislativa con las acciones integrales que fueron diseñadas e implementadas durante la gestión de Claudia Sheinbaum Pardo como Jefa de Gobierno, en el marco de la Declaratoria de Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres en la Ciudad de México. La propuesta de Romo retoma y consolida el enfoque de protección inmediata y eficaz que caracterizó a dicha estrategia.

Entre los avances de aquella gestión, el diputado destacó la puesta en marcha del Registro de Agresores Sexuales, la Ley Olimpia, el Banco de ADN para uso forense, el fortalecimiento de las LUNAS, y el innovador modelo de Abogadas de las Mujeres, el cual garantiza acompañamiento jurídico especializado en casos de violencia de género.

“Estas políticas públicas han logrado una reducción del 30% en las muertes violentas de mujeres y disminuyeron el riesgo feminicida en un 48% de los casos en la Ciudad de México. Nuestro compromiso es consolidar este modelo en la legislación local para que su impacto sea permanente y vinculante”, afirmó Romo.

La iniciativa establece que las autoridades competentes deberán ordenar el retiro inmediato del agresor del domicilio, sin importar su situación jurídica respecto a la vivienda. Se prevé el uso de la fuerza pública cuando sea necesario, y la medida se mantendrá vigente mientras subsista riesgo para la víctima.

“Este enfoque está plenamente respaldado por los principios constitucionales de igualdad y no discriminación, por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y por los tratados internacionales suscritos por México. No se trata de una ocurrencia, sino de la consolidación de un modelo exitoso que ha demostrado salvar vidas”, concluyó el diputado.

Esta propuesta reafirma el compromiso de la Cuarta Transformación con una justicia feminista y con la garantía del derecho de todas las mujeres a vivir libres de violencias, avanzando en la armonización normativa entre los distintos órdenes de gobierno.