Prohíbido violentadores y deudores alimentarios ejerzan cargos públicos

Con 23 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la Comisión de Asuntos Político-Electorales aprobaron el pasado viernes el dictamen en materia de 3 de 3 contra la violencia de género, propuesta de la Diputada Martha Avila, coordinadora de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México; la Diputada Gabriela Quiroga, del PRD, y colectivas feministas, respecto a la inelegibilidad de violentadores y deudores alimentarios en empleos y cargos en el servicio público ni como personas candidatas a cargos de elección popular:

Al continuar con la sesión permanente, iniciada el pasado 13 de noviembre, las Comisiones Unidas aprobaron el dictamen con el que se reforma el artículo 10, apartado c, adicionando una fracción 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México, en donde se establecerá que ninguna persona que se encuentre en los siguientes supuestos podrá ejercer un empleo, cargo, comisión en el servicio público ni podrá registrarse como candidata a cargos de elección popular:

a)    Cuente con sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida e integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexual y el normal desarrollo psico sexual.

b)    Cuente con sentencia firme por delitos de  violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual, por violencia política contra las mujeres en razón de género en cualquiera de sus modalidades o tipos.

c)    Se encuentre inscrita en el registro de deudores alimentarios morosos, a menos que, acredite estar al corriente del pago, cancele esa deuda o se tramite el descuento correspondiente.

De esta manera, esta reforma aplicará para todos los servidores públicos sin importar su nivel, desde el más alto hasta el más bajo, para cualquier servidor del poder ejecutivo, del poder poder judicial y de los órganos autónomos

Con el dictamen también se reforma el artículo 27, apartado b, numeral 7, fracción primera de la Constitución Política de la Ciudad de México, adicionando un nuevo párrafo que indica que se deberán establecer los mecanismos necesarios para que los partidos políticos garanticen la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia política en razón de género en sus procedimientos .

Así, se eleva a rango federal la llamada ley 3 de 3 al dar cumplimento al mandato de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 38, fracción 7, establece la obligación de los congresos locales de armonizar su legislación acorde a la misma.

Se prevé que el dictamen sea presentado ante el Pleno el próximo 23 de noviembre y que acudan representantes de las colectivas feministas que impulsaron el tema ante el Congreso CDMX.

Una vez que el dictamen sea aprobado deberá remitirse a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su publicación en la Gaceta de la Ciudad de México.

El decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación con excepción de las discusiones en materia electoral, las cuales en términos del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, entrarán en vigor a partir del día siguiente en que concluya el proceso electoral local ordinario 2023-2024.