Prisión a quien lucre con el reparto de agua potable, acción se incrementaría

ANA KAREN GARIA HERNANDEZ

Prisión de entre seis y nueve años para todo aquel servidor público que lucre con el abastecimiento de agua potable y si además del lucro, se solicita apoyo para una asociación, partido político o candidato a cargo de elección popular, la sanción se incrementará en un 40 por ciento.

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Ernesto Alarcón Jiménez, presentó al pleno del Congreso de la Ciudad de México, iniciativa con proyecto de Decreto para adicionar el capítulo XV y los artículos 276 quarter y 276 quintus del Código Penal para el Distrito Federal.

En el documento, Alarcón Jiménez señala que el acceso al agua potable es un derecho fundamental protegido por la Constitución Política de la Ciudad de México, y es por ello que para su protección, resulta imperioso elaborar un tipo penal que castigue a los servidores públicos y operadores de pipas de la Ciudad de México que generen un lucro de cualquier especie en razón del condicionamiento de distribución de agua potable a la ciudadanía.

Recordó que el agua que se utiliza en la Ciudad de México proviene de tres fuentes: 71% de aguas subterráneas, 26.5% del Río Lerma y Cutzamala y 2.5% del Río Magdalena, de forma tal que la principal fuente de abastecimiento la constituyen los mantos acuíferos.

Añadió que el déficit hidráulico ha inducido a la sobreexplotación de los acuíferos, lo cual es resultado de un mayor volumen de extracción de agua del subsuelo con respecto de la cantidad que se infiltra. Anualmente, apuntó, el acuífero se recarga con cerca de 700 millones de metros cúbicos, pero son extraídos mil 300 millones; es decir, por cada litro de agua de recarga se extrae casi el doble.

Por otra parte, planteó que la carencia de agua en la Ciudad de México en las épocas de mantenimiento de los sistemas de captación y distribución, supone una disminución importante en la calidad de vida de los habitantes, así como el crecimiento de riesgos en la salud pública. Es por ello, que las autoridades de la Ciudad de México y de las Alcaldías ponen en circulación pipas de agua potable para surtir a los afectados del desabasto de agua.

“Sin embargo, ante la demanda del vital líquido por parte de los usuarios, existen operadores y servidores públicos que lucran con la necesidad de distribución de agua, vulnerando directamente el derecho fundamental a su acceso y acrecentando la brecha de desigualdad entre la ciudadanía”, asentó el diputado.

Por ello, propuso que el artículo 276 quarter del Código Penal capitalino establezca que “al servidor público u operador de pipa de agua potable dependiente del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, del Gobierno de la Ciudad de México o de las Alcaldías de la Ciudad de México que condicione el abastecimiento de agua potable a cambio de cualquier tipo de lucro, se le impondrán de seis a nueve años de prisión y multa de quinientas a novecientas veces la Unidad de Medida y Actualización. El presente delito se investigará de oficio”.

A su vez, el artículo 276 Quintus establecería que “la pena y multa a que se refiere el artículo anterior aumentarán en un cuarenta por ciento a quien condicione el abastecimiento de agua potable solicitando el apoyo a una asociación o partido político o a cualquier candidato a cargo de elección popular, sin perjuicio de las sanciones administrativas o en materia electoral previstas por la normativa vigente”.