Prioritario, todos países de América L. y el Caribe ratifiquen acuerdo Escazú

El Partido Verde en el Senado de la República calificó como prioritario que todos los países de América Latina y el Caribe se comprometan a ratificar e implementar el Acuerdo de Escazú, debido a que la región presenta graves problemas ambientales y violaciones a defensores del medio ambiente.

Dicho acuerdo ha sido ratificado por 12 de los 33 países de la región, además de que es el primer acuerdo en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.

Asimismo, en los últimos años, en todos los países de la región han ocurrido asesinatos y agresiones contra las personas defensoras del medioambiente.

Por ello, las senadoras y senadores ecologistas presentaron ante la Comisión Permanente un Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a entablar un diálogo con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, en torno al reciente caso de persecución política de personas defensoras ambientales y políticos ecologistas en esa nación.

Cabe destacar que Guatemala fue uno de los primeros países en firmar el Acuerdo de Escazú, sin embargo, aún no lo ratifica. En Guatemala, entre junio y agosto de 2020, se documentó el asesinato de al menos ocho personas defensoras de derechos humanos cuyas actividades estaban relacionadas con la defensa de la tierra y el territorio de comunidades indígenas.

Uno de los casos que llamó la atención, nacional e internacional, fue el asesinato de Domingo Choc Che, un líder indígena q’eqchi y especialista en medicina tradicional maya, quien fue quemado vivo en San Luis, Petén, tras ser acusado de brujería.

De igual manera, el caso de la detención de integrantes del Movimiento Ecológico de Guatemala.

“El Partido Verde respalda la postura de la Federación de Partidos Verdes de las Américas (FPVA) que se ha declarado en alerta permanente frente al grave ataque político en contra de los miembros del Movimiento Ecológico de Guatemala”, señalaron los legisladores.

Finalmente consideraron que es necesario que los grupos y organizaciones que promueven la política ecologista y la protección del medio ambiente en Guatemala puedan contar con un entorno seguro, sin amenazas ni intimidaciones, con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo de Escazú.