Presentan denuncia por probable conflicto de intereses por parte de un funcionario del INVI

.EDMUNDO OLIVARES ALCALA. ………………………….

Presidenta de la Asociación Movimiento Urbano, Esperanza Chávez Contreras, en el Congreso de la Ciudad de México (CCDMX), impide que se proceda penal y administrativamente contra su hermano, u otros servidores públicos del Invi.

La diputada local Daniela Álvarez Camacho denunció al director del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, así como de la persona titular de la Coordinación Ejecutiva de Seguimiento Institucional, Rodrigo Chávez Contreras y demás personas servidoras públicas, por la posible comisión del delito previsto y sancionado en la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.

Esto, derivado de la firma de diversos contratos entre el Invi y la Asociación Movimiento Urbano MUHL, ya que como se puede apreciar en el Contrato firmado el pasado 24 de diciembre del 2021, la Presidenta de la Asociación Movimiento Urbano, Esperanza Chávez Contreras, es hermana de un servidor público del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, específicamente del Coordinador Ejecutivo de Seguimiento Institucional, de nombre Rodrigo Chávez Contreras.

Lo que, en principio, se puede presumir algún tipo de conflicto de intereses en la adjudicación del Contrato de Apertura de Crédito para autoproducción de viviendas celebrado el pasado 24 de diciembre del 2021 entre el INVI y la Asociación Movimiento Urbano MUHL, así como también se puede presumir tráfico de influencias entre el servidor público Rodrigo Chávez Contreras y su hermana, Esperanza Chávez Contreras, para la celebración de dicho contrato, así como también se puede presumir omisión por parte de diversas personas servidoras públicas del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, quienes a pesar de conocer la relación entre la persona servidora pública y la presidenta de la Asociación Movimiento Urbano MUHL, fueron omisos en manifestarlo en las instancias correspondientes.

Por todo esto, es que se está solicitando a la Secretaria de la Contraloría que abra una investigación para deslindar responsabilidades y sancionar a quien haya violado la Ley.