Posicionamiento Sobre las iniciativas y dictámenes de intervención extranjera y nulidad electoral de Fuerza Migrante

México debe contar con mecanismos sólidos para impedir cualquier intento de intervención indebida de gobiernos extranjeros, estructuras de desinformación, financiamiento ilícito o manipulación digital orientada a alterar la voluntad democrática de la ciudadanía.

Entendemos además que el contexto internacional actual exige actualizar las herramientas jurídicas frente a nuevas formas de presión e injerencia transnacional, particularmente aquellas vinculadas con campañas digitales coordinadas, manipulación algorítmica, operaciones de desinformación y financiamiento ilegal de procesos políticos.

Sin embargo, consideramos indispensable que cualquier reforma en esta materia establezca con absoluta claridad una diferencia jurídica, política y conceptual entre: la intervención extranjera; y el ejercicio legítimo de nuestros derechos como ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero y nuestras formas de organización comunitaria, social, académica y cívica.

Quienes vivimos fuera del territorio nacional seguimos siendo parte integral de la nación mexicana. La Constitución reconoce nuestros derechos político-electorales, nuestra nacionalidad, nuestra ciudadanía y nuestra participación en la vida pública del país.

En consecuencia, no puede equipararse nuestra organización binacional con actos de intervención extranjera. Nos preocupa que algunas definiciones contenidas en las propuestas legislativas puedan generar interpretaciones excesivamente amplias o ambiguas respecto a: nuestras organizaciones binacionales; mecanismos de participación comunitaria; espacios académicos internacionales; observación electoral; redes digitales de información; foros públicos; cooperación internacional; y procesos de articulación social impulsados por mexicanos residentes en el exterior.

La defensa de la soberanía nacional no debe traducirse en restricciones indirectas a nuestra participación cívica transnacional, ni en un debilitamiento de los procesos de representación política extraterritorial que el propio Estado mexicano ha venido reconociendo gradualmente durante las últimas décadas.

México no puede construir una visión de soberanía que excluya a millones de sus propios ciudadanos por el hecho de vivir fuera del país.

Nosotros: no somos actores ajenos a la nación; no constituimos gobiernos extranjeros; no representamos una amenaza a la democracia mexicana; y no debemos ser colocados bajo sospecha jurídica por ejercer nuestros derechos de asociación, expresión, participación y vinculación comunitaria.

Por ello, consideramos necesario abrir un proceso amplio de diálogo técnico, jurídico y parlamentario que permita: precisar alcances normativos; evitar criterios discrecionales; proteger plenamente nuestros derechos político-electorales y garantizar que el combate legítimo a la injerencia extranjera no termine afectando mecanismos democráticos de participación ciudadana binacional.

Desde Fuerza Migrante reiteramos nuestra disposición de contribuir de manera institucional, responsable y técnica a cualquier discusión orientada a fortalecer la democracia mexicana, la integridad electoral y la participación plena de quienes formamos parte de México dentro y fuera de su territorio. La soberanía nacional y la ciudadanía transnacional no deben entenderse como conceptos opuestos.

El gran reto democrático de nuestros tiempos es construir mecanismos capaces de proteger ambas sin excluir a millones de mexicanas y mexicanos que seguir.