Posicionamiento en contra de la liberación del agresor de María Elena

. YOSELIN GARCIA HERNANDEZ. ……………………………………..

Las Senadoras y el Senador integrantes de la Comisión Para la Igualdad de Género del Senado de la República, de la LXV Legislatura, expresamos nuestra profunda indignación por lo acontecido el pasado 21 de enero, durante una audiencia en un proceso penal en contra del presunto autor intelectual del ataque con ácido perpetrado en contra de la mujer saxofonista María Elena Ríos.

El Juez Teódulo Pacheco, del Estado de Oaxaca, decidió cambiar la medida cautelar de prisión preventiva justificada a prisión domiciliaria, al presunto autor intelectual del ataque con ácido.

La determinación de prisión domiciliaria deja a María Elena, víctima del delito, en una situación de mayor riesgo.

Los ataques con ácido y otras sustancias químicas contra las mujeres, tienen una gran carga simbólica al pretender marcar de por vida a las víctimas y prolongar su dolor, representando una forma extrema de violencia contra las mujeres, violencia que debe ser sancionada y erradicada.

Desafortunadamente, este tipo de ataques han incrementado en los últimos años, por lo que es fundamental que, como legisladoras y legisladores, continuemos revisando la legislación en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia feminicida y que, las autoridades de procuración e impartición de justicia apliquen la perspectiva de género y de derechos humanos en sus actuaciones.

Esta Comisión expresa su rechazo a la decisión del juez y de manera respetuosa, exige la revisión del caso a fin de que se imparta justicia con perspectiva de género, se ponga un alto a la impunidad; asimismo, hacemos un llamado para que María Elena Ríos no sea revictimizada por las autoridades que están obligadas a protegerla, garantizarle el acceso a la justicia y la reparación del daño causado por la violación a sus derechos.

Finalmente, instamos al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, Eduardo Pinacho Sánchez, para que, a través del Consejo de la Judicatura local, se revise la actuación del juzgador, en aras de proteger la vida y los derechos de María Elena Ríos.