Por desaseo inconsistencias Grupo Parlamentario PRI rechaza leyes secundarias reforma

México merece leyes legítimas, discutidas con transparencia y aprobadas con responsabilidad. El sistema judicial mexicano no debe ser sujeto a las influencias partidistas.
Durante la reunión de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos, la Senadora del PRI Carolina Viggiano Austria expresó el rechazo del grupo parlamentario del PRI a las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial, citando diversos motivos que han generado preocupación.
La legisladora priista criticó que el proceso legislativo fuera “atropellado” y carente de una revisión profunda. Destacó que lo que nació mal, con trampas y corrupción, no puede ser la base para combatir esos mismos problemas. “La discusión de estas reformas se llevó a cabo de manera apresurada y sin tomar en cuenta diversas voces que pedían un análisis más detallado”.
Carolina Viggiano criticó duramente el proceso de registro de aspirantes a una candidatura para la elección de cargos del Poder Judicial. Expuso que no hay claridad sobre los detalles de este proceso, lo que incluye el costo de la elección y el registro de los candidatos, algunos de los cuales han sido objeto de cuestionamientos, lo cual dijo que de entrada deslegitima completamente un proceso.
Finalmente, la Senadora subrayó la importancia de un Poder Judicial fuerte, autónomo y capaz de actuar como un verdadero contrapeso. Enfatizó que México merece leyes legítimas, discutidas con transparencia y aprobadas con responsabilidad. Reiteró el compromiso del PRI con la defensa de los valores democráticos y la independencia del Poder Judicial, y expresó que no permitirán que se impongan cambios viciados que amenazan las instituciones y la democracia.
En el debate en comisiones unidas, la Senadora Claudia Edith Anaya Mota también expresó su firme rechazo a las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial. Dejó en claro su voto en contra al considerar que su origen está viciado y que el sistema judicial mexicano no debe ser sujeto a las influencias partidistas.
Dijo que las medidas propuestas implican un grave retroceso en cuanto a la autonomía de los jueces. En particular, criticó el control que se pretende ejercer sobre los razonamientos judiciales, lo que contradice los estándares internacionales en materia de derechos humanos y el principio de presunción de inocencia.
También alertó sobre los peligros que presenta la creación de un Tribunal de Disciplina con amplias facultades para intervenir en el fuero común. Aseguró que, al concentrar tantas atribuciones en un solo órgano sin posibilidad de apelación, se estaría socavando la protección de los derechos de los individuos y abriendo la puerta a posibles abusos.
Subrayó que el diseño de las leyes secundarias parece haber sido realizado sin considerar las consecuencias de permitir que un solo tribunal decida sobre la inocencia o culpabilidad de una persona, lo que podría resultar en una mayor vulnerabilidad para los ciudadanos.
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