Poder Legislativo debe fortalecer vínculos con la ciudadanía para que “nadie se quede atrás”

La secretaria de la Comisión de Asuntos Migratorios, Karina Isabel Ruiz Ruiz, sostuvo que el Poder Legislativo y el gobierno deben fortalecer sus vínculos de colaboración con la ciudadanía, para que sus esfuerzos en conjunto logren el objetivo de que “nadie se quede atrás” en la protección de los derechos humanos y la mejora de la calidad de vida.

Durante el foro “El Impacto de la Participación Ciudadana y las Asociaciones Civiles Rumbo a los Objetivos de Desarrollo 2030”, la senadora precisó que estos sectores deben involucrarse en la toma de decisiones, mientras que cada individuo tiene que comprender que “los granos de arena hacen una playa” y “un lugar bello”.

“Eso es de lo que somos capaces cuando nos unimos como sociedad”, enfatizó Ruiz Ruiz. La legisladora insistió en que debe haber mayor coordinación e incidencia de los ciudadanos para que esa agenda, promovida por la ONU en 2015, no sea una “idea lejana”, sino un plan de acción concreto que dé resultados medibles y sostenibles.

“Este es un llamado a la corresponsabilidad, para que cada uno de nosotros y nosotras, desde nuestras trincheras, sigamos construyendo puentes, activando alianzas, generando conciencia y defendiendo causas que nos hermanan, y que sea un punto de partida para nuevos trabajos en conjunto”, resaltó.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Economía, Emmanuel Reyes Carmona, destacó que la actual administración federal “no concibe” separarse de las organizaciones civiles, pues necesita a una sociedad fuerte que se mantenga de pie, al igual que la ciudadanía demanda un gobierno que “dé la cara por todas y todos” para cumplir los objetivos de bienestar.

“No se escatiman esfuerzos”, aseguró, pues se busca articular acciones concretas de colaboración con las organizaciones civiles, para cumplir con los 17 objetivos de la Agenda 2030, entre los que están la disminución de la pobreza, el cuidado del ambiente, la igualdad de género, la disminución de las desigualdades y la erradicación del hambre.

“Es un trabajo de colaboración permanente, no solamente del gobierno, sino también del Senado de la República y de la sociedad civil que articula acciones para cumplir con la agenda 2030”, añadió.

Antonio Sorela Castillo, defensor de derechos humanos de Amnistía Internacional, lamentó que históricamente la ciudadanía no muestre interés en participar en asuntos públicos; propuso cambiar, pues al trabajar por el bien común, se puede abatir la delincuencia, la pobreza y muchos problemas que impactan negativamente en la vida de las personas.

De la organización Agenda Migrante, Eunice Rendón Cárdenas reconoció que las asociaciones civiles han tenido un papel importante en la defensa de las personas que se encuentran en esa situación, particularmente por la dureza de las políticas implementadas en diversos países; para respaldar sus esfuerzos, hizo un llamado a no replicar los mensajes de odio en contra de los migrantes.

Alejandro León Balderas, presidente del Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de México, celebró que el Congreso de esa entidad haya aprobado una ley de fomento a las asociaciones civiles, lo que ayudará a que éstas tengan más relevancia; detalló que la organización que encabeza trabaja con los diputados locales para crear el reglamento de la norma, para que en 2026 las ONG colaboren directamente con los municipios.

Gustavo Lugo, fundador de la asociación Festival Impulso, enfatizó la importancia de los ciudadanos “para el planeta”, ya que los gobiernos regulan, pero la ciudadanía es la que “toma el pulso” de sus comunidades; “seamos participativos e invitemos a que la gente sea participativa”, expresó.