PJCDMX brinda mayor protección a los abuelitos que están protegidos.

Los adultos mayores cuentan con las instituciones del Estado para darles seguridad y certeza jurídica, afirmó el juez 22 Familiar de Proceso Escrito del Poder Judicial de la Ciudad de México, Adolfo Ordóñez Hernández, quien alertó sobre casos en los que familiares cercanos o políticos tratan de despojarlos de sus bienes, con lo que se ejerce violencia contra ellos. Si bien este sector formado por personas admirables que merecen más cuidados ante la pandemia del COVID-19, el impartidos de justicia familiar subrayó que la legislación establece principios como el de equidad y atención preferente, lo que obliga a las instancias de gobierno a implementar programas acordes a las características de los adultos mayores. Entre los derechos que los protegen, dijo, está el de seguridad jurídica, el cual les garantiza una atención con trato digno y apropiado en cualquier proceso judicial en que se encuentren involucrados. También se refirió al principio de equidad con el que deben ser tratados los adultos mayores, y a la asesoría jurídica gratuita a la que tienen derecho mediante instancias como el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias. Ordóñez Hernández abundó que, respecto al principio de equidad, éste se refiere al trato justo y proporcional con el que deben ser tratados, y reiteró que ellos tienen el derecho o prerrogativa de las instituciones que están previstas justamente para apoyarlos en el uso de todos sus derechos. “El DIF, entre otras instituciones, tiene la obligación de prestarles patrocinio legal e incluso esta instancia sirve como mediadora para los casos en que están recibiendo algún trato que no sea el adecuado por parte de su familia”, destacó. Al recordar que hay programas de gobierno establecidos para que ellos puedan disponer libremente, sin ninguna coacción, del destino de sus bienes, insistió en que el Estado hace su parte, pero muchas veces es en el interior de la familia donde sufren las violaciones y vejaciones, y esto es con la finalidad de privarlos de sus bienes. Respecto al testamento, el impartidor de justicia recordó que los adultos mayores son sujetos de beneficios, como el de pagar un costo muy bajo si se compara con lo que se cobra a otras personas, en el entendido de que se trata de un sector vulnerable al que se debe apoyar.