Piden que operativos a transporte público general sean permanentes

A casi dos meses de que aumentó la tarifa del pasaje del transporte público concesionado en la Ciudad de México, y de que sólo del 15 de junio al 31 de julio las autoridades capitalinas revisaron que no hubiera abusos y se cumpliera con la mejora del servicio, dichos operativos deben de ser permanente en las bases y los paraderos de las 102 rutas que recorren la capital del país.

El diputado de Morena en el Congreso de la Ciudad de México (CDEMX), Carlos Hernández Mirón solicitó a la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), lo anterior.

A través de un Punto de Acuerdo, el legislador exhortó también a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), y al Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (INVEA) para que, junto con la SEMOVI, implementen permanentemente los operativos de revisión, con la finalidad de que los conductores no cometan abusos con las tarifas y brinden un servicio de calidad a los usuarios.

La propuesta de Hernández Mirón se dio a conocer en la sesión de este miércoles de la Comisión Permanente del Congreso capitalino, y fue turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva a la Comisión de Administración Pública Local, para su análisis y dictaminación.

“Conscientes de que el servicio debe mejorar y luego de que se reportó que, sólo por dar un ejemplo, la ruta 66 que ofrece servicio de transporte público en Álvaro Obregón cobraba más de la tarifa autorizada, considero prudente que los operativos se mantengan de forma permanente en toda la Ciudad de México”, subrayó.

En su Punto de Acuerdo, recordó que el pasado 9 de junio -luego de analizar los costos del combustible y de la inflación, así como diversas mesas de negociación con integrantes de la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT)-, la SEMOVI anunció la actualización de la tarifa a un peso más, a partir del 15 de junio de este año.

El integrante de la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial señaló que además se requiere que los operadores reportados a través de Locatel, por haber cometido alguna conducta violatoria a la ley, sean sancionados conforme a derecho.

Asimismo, añadió, que los datos de sus unidades sean publicados en la página oficial de internet de la SEMOVI, para que los usuarios tengan conocimiento de estas quejas y las rutas donde dan servicio.

“Del 1 de enero al 31 de julio de 2022, hubo 7 mil 249 quejas ciudadanas en contra de servicio de transporte público; es decir, un promedio de 34 reclamos diarios por deficiencias y mal servicio. Más de las registradas el año pasado, que sumaron 2 mil 892, una media de 8 al día, lo que significa un incremento de 23.12 por ciento”, expuso en su documento.

En ese contexto, el diputado Carlos Hernández Mirón destacó que el pasado 2 de junio, entre 2 mil 500 y 3 mil conductores de microbuses, camiones y vagonetas, integrantes de la FAT, bloquearon diversas vialidades principales de la Ciudad de México -como Anillo Periférico, Insurgentes Norte, Tlalpan, Ignacio Zaragoza y Taxqueña, entre otras- en demanda de un incremento de cinco pesos a la tarifa.

“Ese día, a través de un video difundido en redes sociales, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que es infundada la manifestación, pues a los transportistas se les ha apoyado de diversas maneras, a cambio de un mejor servicio para la ciudadanía, y que su demanda de un incremento tarifario es excesiva”, apuntó

Hernández Mirón explicó que derivado de ello el 6 de junio representantes de los transportistas se reunieron con los subsecretarios de Gobierno y de Transporte, Ricardo Ruiz Suárez y Luis Ruiz Hernández, donde se acordó una mesa permanente de diálogo. Ello, agregó, permitió que finalmente el 9 de junio la SEMOVI anunciara el aumento de un peso a la tarifa del transporte público concesionado, la cual se mantiene como la más baja de la República Mexicana.

Por último, el morenista destacó que no conformes con ello, el 27 de julio los miembros de la FAT realizaron otra movilización para intentar que la tarifa se fijara en ocho pesos, y que el Gobierno capitalino subsidiara los dos pesos faltantes.