Piden agravar con 12 años de prisión sanciones a funcionarios corruptos que promuevan despojos inmue

Ante el incremento de las denominadas redes inmobiliarias o mafias de despojos ilegales, apoyadas por la corrupción de algunas notarías y servidores públicos del Registro Público de la Propiedad y la Tesorería capitalina, debe de calificarse de fraude procesal y despojo ilegal, que convierte a este delito en grave sin posibilidad de fianza.

El presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, Nazario Norberto Sánchez, destacó que ante los informes al respecto por parte de los medios de comunicación, se pretende adicionar una fracción IV al artículo 237 del Código Penal para la Ciudad de México en materia de despojo, para señalar que se impondrán de 5 a 10 años de prisión y de 100 a 500 Unidades de Medida y actualización al que valiéndose de su encargo como persona servidora pública, o de su profesión intervenga directa o indirectamente, adquiera u ocupe un inmueble ajeno, haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca.

Aunado a ello, se prevé que se le imponga la suspensión o privación definitiva de derechos para ejercer su profesión, oficio, autorización, licencia o permiso, por un término igual a la pena de prisión impuesta.

Adicionalmente, dijo Norberto Sánchez, “se establece una agravante al artículo 310 del mismo Código, en materia de fraude procesal, lo anterior para señalar que, si el delito es cometido por alguna o algún servidor público que por la naturaleza de sus funciones intervenga directa o indirectamente en los actos y/o en las acciones descritas en el párrafo anterior, se impondrán el doble de las penas previstas para este delito. Cabe señalar que la sanción vigente para el fraude procesal es de 6 meses hasta 6 años de prisión, de tal manera que con esta agravante quedaría de uno a 12 años de prisión, lo que configura un ilícito grave”.

Dijo que desde el año 2019, en la primera legislatura de este Congreso, vecinos de la alcaldía Gustavo A. Madero se acercaron a él para denunciarle de los despojos ilegales, tanto en dicha demarcación como en el centro de nuestra capital, realizados por supuestos abogados y funcionarios públicos, que acudían a sus domicilios o sus locales para desalojarlos mediante contratos de compra-venta falsos, títulos de crédito, escrituras y registros apócrifos, o presuntos juicios civiles que ordenaban la entrega de sus inmuebles.

Según datos de la Fiscalía capitalina, las víctimas favoritas son personas adultas mayores, personas fallecidas por covid-19, inmuebles abandonados, y en general edificios, predios, locales y vecindades de alta plusvalía, del centro histórico y zonas ejidales de Tláhuac y Xochimilco.

Con base en esos hechos, dijo que entonces presentó una iniciativa para endurecer las penas, pero lamentablemente quedó en la congeladora legislativa quizá por considerarse de poca importancia, por lo que hizo un llamado atento y respetuoso a los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para abrir el debate de la presente iniciativa, y un llamado a los ciudadanos para que manifiesten su interés y apoyo sobre el tema, al tiempo que los invitó a acercarse a su módulo legislativo para solicitar gratuitamente asesorías jurídicas.