Piden a Secretaría de Gobierno evitar actos violencia en Alameda Central

El pleno del Congreso de la Ciudad de México solicitó a la Secretaría de Gobierno que, dentro de sus facultades, garantice la no repetición de actos de violencia como los suscitados en la Alameda Central el pasado 23 de febrero, mediante la creación de protocolos para el reordenamiento de la vía pública de manera pacífica.

El punto de acuerdo presentado por la diputada Diana Sánchez Barrios (Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente), a nombre propio y de las diputadas Xóchitl Bravo Espinosa y Brenda Ruiz Aguilar, ambas del grupo parlamentario de MORENA, propone la creación de protocolos para el reordenamiento de la vía pública de manera pacífica, con respeto a los derechos humanos de todas las personas, con énfasis en las mujeres de la diversidad de género y sexual, así como a las poblaciones de la diversidad sexual.

En su intervención, la legisladora Sánchez Barrios dijo que lo ocurrido en la Alameda Central recuerda que aún queda trabajo por hacer, “no podemos permitir que la identidad de género sea motivo de agresión”, y como representantes populares se tiene la obligación de garantizar la dignidad y los derechos de todas las personas.

Reconoció la pronta reacción de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, quien actuó de manera adecuada y en defensa de los derechos humanos al condenar enérgicamente la agresión a una mujer trans, y ordenó la investigación inmediata de los hechos.

Explicó que la acción gubernamental fue clara, la CDMX no tolera la violencia ni la discriminación, lo que refleja una administración con profundo compromiso humanista, donde la justicia se garantiza para todas y todos sin distinción.

Insistió en crear protocolos que aseguren que cualquier reordenamiento del espacio público se lleve a cabo con respeto a los derechos humanos y sin poner en riesgo la integridad de las personas, para lo que se debe capacitar en esta materia al personal encargado de los operativos, mecanismos de mediación y diálogo, con supervisión estricta, perspectiva de género y diversidad en la actuación de las autoridades, para consolidar una ciudad más inclusiva, justa y pacífica para toda la población.