Pide PT investigar y sancionar casos abuso sexual infantil al interior de Centros de Readaptación Social

Ante recientes denuncias sobre posibles casos de abuso infantil al interior de Centros de Readaptación Social (Ceresos), el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) solicitó garantizar la protección integral de los menores, por lo que llamó a la Fiscalía General de la República, al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social y sus homologas en las 32 entidades federativas, a agilizar las investigaciones sobre estos hechos y sancionar ejemplarmente, así como aplicar medidas de reparación del daño y no repetición.

Asimismo, urgió a las autoridades en todo el país a capacitar de forma permanente al personal penitenciario en la prevención del abuso, atención psicológica y primeros auxilios emocionales, así como a dignificar los espacios de convivencia familiar para garantizar entornos seguros y adecuados para niñas, niños y adolescentes que asisten a estos lugares.

Mediante un punto de acuerdo presentado a la Comisión Permanente, las senadoras Geovanna Bañuelos, Ana Karen Hernández, Liz Sánchez y Yeidckol Polevnsky, lideradas por el coordinador, Alberto Anaya pidieron además implementar protocolos claros de protección infantil, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género en todos los centros penitenciarios del país, estableciendo mecanismos de denuncia accesibles y confiables.

Señalaron que en fechas recientes la organización social Reinserta ha documentado al menos 5 casos de abuso sexual en contra de infantes cometidos al interior de Ceresos, ante la falta de falta de protocolos, personal capacitado y la carencia de espacios adecuados para la convivencia lo que agrava la vulnerabilidad de los menores en estos entornos y facilita este tipo de hechos en los penales mexicanos.

En el documento inscrito en la Gaceta Parlamentaria las y el legislador del PT señalan que la presencia de niñas y niños en centros penitenciarios obedece a diversas circunstancias: visitas familiares o convivencia con madres privadas de libertad. Independientemente del motivo, es imperativo contar con protocolos de seguridad claros y eficaces para protegerlos.

En este sentido, enfatizan que el Estado mexicano tiene la obligación, conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de garantizar la protección integral de los menores.

“La situación de abuso en penales y en otros entornos demuestra el incumplimiento de esta obligación y la necesidad urgente de acción. Es indispensable establecer protocolos específicos en todos los contextos donde haya menores, capacitar adecuadamente al personal, crear espacios seguros, y desarrollar mecanismos de denuncia eficientes y accesibles”, aseguraron los legisladores.

Y advirtieron que los casos de abuso sexual infantil, tanto en entornos familiares como institucionales, son una llamada urgente a la acción.

“EI Estado, la sociedad y las instituciones deben actuar de manera firme para erradicar estas violencias, asegurar la protección efectiva de los menores y garantizar su derecho a crecer en un entorno libre de miedo, abuso y violencia. Solo mediante un compromiso real podremos construir un país donde la niñez sea plenamente respetada y protegida”, concluye el GPPT.

El Punto de acuerdo fue turnado a la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente para su análisis y posterior dictamen.