Pide plan estratégico de procuración de justicia de FGR no quede en un catálogo

El Plan Estratégico de Procuración de Justicia que la Fiscalía General de la República (FGR), tiene el riesgo de convertirse en un catálogo de buenas intenciones, si no cuenta con los recursos suficientes para la consecución de los objetivos trazados.

La senadora Guadalupe Murguía Gutiérez alertó que este documento parte de un diagnóstico honesto y realista que reconoce que en México el 90 por ciento de los delitos no se denuncian, por lo que nueve de cada 10 delitos son invisibles para la autoridad, lo que la FGR debe tener como una prioridad a fin de revertir esta tendencia, porque así inicia la cadena de impunidad.

Además, dijo, del 100 por ciento de los delitos que sí se denuncian, sólo 7.14 por ciento llegan a sentencia, y no son sentencias a través de los juicios orales, sino mediante el procedimiento abreviado, que consiste en el reconocimiento de la responsabilidad del imputado, reparación del daño y obtención de beneficios.

Al participar en tribuna a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) durante la discusión del proyecto para la aprobación del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, presentado por la FGR, la senadora Guadalupe Murguía destacó que los delitos de feminicidio, desaparición de personas, delincuencia organizada y extorsión, serán de máxima prioridad.

Y que, para la evaluación de su trabajo, la FGR ya no medirá su productividad y eficacia por el número de carpetas de investigaciones abiertas, sino a través del desmantelamiento de grupos delincuenciales, sentencias condenatorias y reparación del daño, además de que cuidará que los procesos se efectúen de manera expedita, añadió.

Sin embargo, resaltó que el plan estratégico no contiene metas, indicadores y tiempos para evaluar sus resultados, ni tampoco hace referencia a los recursos que requerirá para lograr los objetivos propuestos, por lo que advirtió que al no contar con ellos, corre el riesgo de convertirse en un catálogo de buenas intenciones.

La senadora panista por Querétaro también mencionó que el documento no aborda temas sensibles como son los delitos cometidos en contra periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, ni hace alusión a los casos paradigmáticos como Ayotzinapa, el huachicol fiscal, Segalmex y la Estafa Maestra.

Adicionalmente, sostuvo que tampoco se habla del enorme rezago de expedientes con que la nueva titular recibió la FGR, y que en torno a la prioridad de los delitos que ahora se establece, se corre el riesgo de que un delito no prioritario pueda quedar relegado, mientras que otros sean preferencialmente atendidos por presiones políticas, conveniencia o presiones mediáticas.

Por este motivo, la senadora Guadalupe Murguía subrayó que el gran reto de la FGR es actuar con independencia y autonomía en el marco de sus responsabilidades, y evitar el uso de criterios de carácter político-partidista en sus investigaciones.

Intervención de la senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez para fijar el posicionamiento del PAN, al proyecto de decreto por el que se aprueba el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, presentado por la Fiscalía General de la República.

El plan estratégico de la Fiscalía General de la República parte de un diagnóstico bastante honesto y realista.

Parte de que el 90% de los delitos no se denuncian, así lo reconoce el propio plan. Es decir, nueve de cada diez delitos son invisibles.

Con esto inicia la cadena de la impunidad. Y de los que sí se denuncian, que se abre una investigación, sólo el 7.14 llega a sentencia.

Y no son sentencias a través del procedimiento oral, sino del procedimiento abreviado, que consiste en el reconocimiento de la responsabilidad del imputado, reparación del daño y obtención de beneficios.

También el propio plan estratégico de la Fiscalía señala que seis de cada diez mexicanos considera que hay corrupción en la fiscalía. Por eso establece un programa específico de cero tolerancia.

Lleva a cabo un diagnóstico territorial, porque la concentración de delitos en todo el país no son iguales. Distingue el noreste, el centro, el occidente y el sur sureste del país.

También hace una priorización de los delitos, delitos de máxima prioridad, y ahí incluye el feminicidio, la desaparición de personas, la delincuencia organizada y la extorsión, delitos sumamente sensibles para la población; y de alta prioridad considera que son las armas, los narcóticos y los hidrocarburos.

Habla y se compromete a fortalecer la coordinación con autoridades estatales, de las fiscalías locales, con Guardia Nacional, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana a combatir esta corrupción interna, a través de un régimen de cero tolerancia y fortalecer el servicio civil de carrera.

Igualmente que en el caso de extorsión y desaparición forzada, la investigación se lleve a cabo a través de inteligencia financiera y con una interconexión entre el Banco de Datos Forenses y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas; también un delito de máxima prioridad.

Es decir, ya no se va a evaluar el trabajo de la fiscalía con el número de carpetas que abra, sino a través del desmantelamiento de grupos delincuenciales, sentencias condenatorias, reparación del daño y que los procesos se lleven a cabo de manera expedita.

¿Qué no contiene el plan?, el plan no trae metas, indicadores ni tiempo para evaluar los resultados. El plan no habla de contar con los recursos suficientes para llevar a cabo todos los objetivos estratégicos que busca.

Esto es sumamente importante, porque si la fiscalía no cuenta con los recursos suficientes, se convierte solo en un catálogo de buenas intenciones.

Habla de la coordinación con el Gabinete de Seguridad y esta coordinación debe de ser sin que la fiscalía pierda su autonomía y que, en términos reales, no caigamos en una subordinación práctica.

El plan estratégico tampoco aborda los delitos en contra de periodistas, activistas, defensores de derechos humanos.

No habla del rezago que se recibió por la actual titular, un número enorme de expedientes que exigen una determinación.

Al hablar de prioridades, esto también conlleva riesgos. Se corre el riesgo de que un delito no prioritario pueda quedar relegado y que los delitos prioritarios lo sean, bien sea por presiones políticas o por conveniencia política o por presiones mediáticas.

No se refiere a los casos paradigmáticos como Ayotzinapa, el huachicol fiscal, Segalmex, la Estafa Maestra.

Por supuesto, y concluyo, presidente, por supuesto que el reto mayor es solo el 90% de los delitos que no se denuncian, pero el gran reto de la fiscalía es que actúe con autonomía y con independencia.

Si no lo hace así, si usa criterios de carácter político partidista para sus determinaciones, la imagen de la fiscalía quedará totalmente desvirtuada y un plan como este no tendrá ningún sentido.