PESQUISA POLÍTICA
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EDMUNDO OLIVARES ALCALA. …………………..
Mientras que Estados Unidos cuenta con pruebas suficientes para vincular a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, con el crimen organizado, la Fiscalía General de la República (FGR), afirmado que no hay pruebas en su contra, por lo que no se procederá contra èl.
El exfuncionario Rocha Moya ha afirmado que pidió licencia para permitir que las autoridades realicen indagatorias sin cuestionamientos sobre posibles privilegios derivados de su investidura, pero por intereses políticos, la dependencia en cuestión ha reservado el cuestionario que se le aplicó hasta 2031 para proteger las líneas de investigación.
El Gobierno de los Estados Unidos ha formalizado acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve altos mandos de su administración y cuerpos policiales los señalados abusaron de su autoridad para operar como un brazo protector de la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.
Morena, para defenderse de las declaraciones de diputados federales y senadores del PRI, PAN y MC, con relación al Narco Gobierno, sacar a relucir el nombre de Genaro García Luna, el más alto funcionario mexicano condenado en EU.
Pero ahora el Departamento de Justicia, acusado a los funcionarios de Morena de facilitarar información sensible del ejército, protegieron cargamentos de droga y permitieron actos de violencia sin consecuencias, recibiendo a cambio millones de dólares en sobornos.
La conclusión de la Fiscalía General de la República (FGR), que determinó que no existen evidencias en contra de Rubén Rocha Moya y decidió reservar temporalmente la información del caso, detonó una conversación digital de gran alcance en las principales redes sociales del país.
El análisis realizado por DINAMIC, plataforma de inteligencia digital, revela cómo se configuraron las posturas ciudadanas frente a esta determinación.
El segmento más amplio de la conversación, correspondiente al 37%, la reserva de información interpretada como un mecanismo de protección institucional, así como cuestionamientos a la transparencia de la FGR y la credibilidad de la investigación.
En contraste, 30% pertenece a especulaciones sobre el paradero y la situación jurídica de Rubén Rocha Moya, versiones sobre posibles vínculos con otros casos y repercusiones políticas, así como exigencias de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.
