PESQUISA POLÍTICA

EDMUNDO OLIVARES ALCALA.

La 4T asestó un severo golpe a la libertad de expresión en Puebla y Campeche, donde los gobernadores, respetivamente, proceden penalmente contra los periodistas que no estén de acuerdo con su política, los morenistas no tolerarán las críticas a sus deplorables gestiones al frente de las referidas dependencias´

Este otro “góber precioso”, el Morenista Alejandro Armenta, fiel discípulo del original, quien amedrentó y violó derechos de la periodista Lidia Cacho, desde su llegada al poder ha atacado en repetidas ocasiones a los medios de información locales, quienes han señalado irregularidades y presuntos actos de corrupción.

En México, la libertad de expresión se encuentra en constante amenaza, los periodistas, son perseguidos reciben, intimidaciones y la violencia verbal, son algunos de los riesgos que se corren diariamente, y las cifras relacionadas con estos peligros son alarmantes.

Aunque las autoridades federales señalen que la Libertad de Expresión es intocable, en los hechos pone en grave peligro la libertad de expresión y el derecho a la información.

Alejandro Armenta, para que dejarán implementar la corrupción y nadie lo criticará, solicitó al Congreso de Puebla aprobar la reforma sobre “ciberasedio” y apoyo de las bancadas oficialistas Morena, PT y PVEM, y ahora ya es aplicada.

Aquí Morena y sus aliados aprobaron la reforma al Código Penal, para agregar el Artículo 480, que tipifica como delito el “ciberasedio” y castiga con hasta tres años de cárcel las ofensas en redes sociales

La gobernadora” de Campeche Layda Sansores, es acusa de censura, violencia y hostigamiento por el periodista Jorge González, quien finalmente fue vinculado a proceso, lo que afectó la libertad de expresión en el estado.

Jorge Luis González Valdez, exdirector del Diario Tribuna, afirmó que desde que Layda Sansores llegó al gobierno estatal, los medios de comunicación fueron acosados hasta desaparecer. Según su testimonio, antes había cinco periódicos en Campeche y ahora no queda ninguno, ni siquiera en formato digital.

El Partido Acción Nacional rechaza tajantemente la reforma aprobada por el Congreso del estado de Puebla que castiga con cárcel a quienes “ofendan” en redes sociales. Se trata de una norma ambigua, con términos vagos, que representa un grave retroceso en materia de libertades y a la censura desde el gobierno.

El Partido Acción Nacional votó en contra y continuará exigiendo su derogación inmediata.

Esta no es una ley que proteja a las víctimas de violencia digital, sino una herramienta que puede ser utilizada para perseguir a periodistas, activistas y ciudadanos críticos.

En Acción Nacional creemos en el derecho a expresarse libremente. Las redes sociales deben seguir siendo un espacio para opinar, cuestionar y denunciar, no un terreno de persecución política. La libertad de expresión no es un privilegio, es una garantía constitucional. Y la vamos a defender en cada trinchera.

Acción Nacional reitera su compromiso con la libertad, con los derechosdigitales y con una ciudadanía crítica, informada y sin miedo.