PESQUISA POLITICA.

Con la exhumación de los restos de un menor de edad en el panteón San Nicolás Tolentino, se puso al descubierto, el tráfico de restos humanos en los camposantos de la Ciudad de México, y las autoridades correspondientes guardaron silencio.

Los mismos trabajadores del referido panteón denunciaron oportunamente la exhumación de cadáveres, la venta de féretros, el saqueó de objetos de metal, u otros ilícitos, y nada se hizo. Lo permitieron.

Los restos, principalmente, los cráneos, son vendidos a más de cuatro mil pesos, de acuerdo en el estado en que se encuentran, y los compradores son los estudiantes y doctores de medicina, y las autoridades correspondientes lo permitieron.

Hace cerca de 15 años, en el panteón San Isidro se dio a conocer el saqueo de cadáveres, y el resto de los cuerpos que no se vendían, los depositaban en cuevas (cámaras) que encuentran en la barranca del mismo Campo Santo. Mismas que fueron selladas por las autoridades correspondientes cuando se dio a conocer el caso, en un medio de información.

Los gobiernos van y vienen, hacen promesas para resolver el problema, investigar las profanaciones de tumbas, pero se les acaba su gestión y se olvidan de la promesa.

Ahora, por medio de una iniciativa de reforma a los artículos 207 y 208 del Código Penal local, diputados del PAN y de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, proponen una pena de prisión de tres a seis años al que oculte, sepulte o destruya un cadáver, así como resto o feto humano sin la orden de la autoridad o en su caso, haber cumplido con los requisitos legales para poderlo hacerlo.

“Encontramos una grave preocupación en el comercio de cadáveres en el mercado negro, ya sea completos o en partes, para darle un uso comercial ilícito, en detrimento de la última voluntad de la persona fallecida o de sus familiares, tutores o representantes legales”.

Los diputados Héctor Barrera, Federico Döring y Daniela Álvarez, consideraron que es importante ampliar las sanciones del artículo 207, para castigar con más severidad a las personas que entierren o exhuman cadáveres sin una orden de la autoridad.

“Pues estamos ante dos supuestos, el primero: ocultamiento de evidencia y el segundo: robo de cadáveres para distintos actos”.

Abundaron en la nula seguridad en panteones, ya que las bardas perimetrales están abandonadas y dañadas, ello, por el alto grado de corrupción de sus administradores, que se dedican a revender ataúdes y cobrar por los accesos.

“Así como a amedrentar a cualquier persona que quiera denunciarlos u oponerse, todo esto ha sido denunciado por años por los visitantes y trabajadores del panteón”.

Añadieron que la exhumación de cadáveres es un delito, que actualmente se encuentra regulado en los articulo 207 y 208 del Código Penal CDMX.

En cuanto al artículo 208, se propone agregar tres supuestos más para que sean considerados por el juzgador a efecto de sancionar y evitar posibles eventos que violenten los cadáveres y se trata de los siguientes: Comercio, actos rituales y ampliarlo de manera general a cualquier otro, en que de manera ilegal se utilicen los cadáveres o sus partes.

La presente iniciativa, pretende sancionar los supuestos del uso de cadáveres para realizar actos comerciales, así como, para la práctica de rituales, o cualquier otro que no cuente con el respaldo de la autoridad.

“En Acción Nacional estamos seguros de que a nadie le gustaría saber que sus restos pudieran ser exhumados ilegalmente para ser usados en actos de brujería o de invocaciones con obscuros intereses”.