PESQUISA POLITICA

EDMUNDO OLIVARES ALCALA. ………………..

Morena y sus aliados del PT y Verde Ecologista dejan el camino libre a la delincuencia, de una u otra forma los protegen porque ahora la acción penal será solo para la persecución de delitos graves, abrazarán sus delitos y harán a un lado la justicia.

Esto refleja un sistema que no logra garantizar justicia efectiva para la mayoría de las víctimas, afectando la percepción de seguridad y confianza en las instituciones

la propuesta del Gobierno de la Ciudad de México en Justicia Cívica en el artículo 29 quáter, para que determinados robos sin violencia, por montos inferiores a casi 6 mil pesos, puedan resolverse ante un juez cívico en lugar de seguir la vía penal correspondiente

En México, robar poquito no es delito según la nueva legislación. La reforma a la Ley de Cultura Cívica establece que el robo de bienes de valor no excedente de 50 UMA no se considera delito, siempre que no haya violencia y que el bien sea restituido o pagado.

Esto significa que, en general, los pequeños robos no tendrán consecuencias legales, a menos que se realicen con violencia, demostrando que el sistema de justicia penal enfrenta impunidad, sobrecarga de trabajo, deficiencias en jueces y fiscales, y dificultades para convertir investigaciones en condenas sólidas.

De los 33.8 millones de ilícitos estimados, solo 9 de cada 100 fueron denunciados, y de estos, aproximadamente tres cuartas partes llegaron a una carpeta de investigación, dejando un 93% de delitos fuera del proceso judicial.

Esto refleja un sistema que no logra garantizar justicia efectiva para la mayoría de las víctimas, afectando la percepción de seguridad y confianza en las instituciones.

El Diputado local del Partido Acción Nacional, Diego Garrido, advirtió sobre los riesgos de la propuesta del Gobierno de la Ciudad de México en Justicia Cívica en el artículo 29 quáter, para que determinados robos sin violencia, por montos inferiores a casi 6 mil pesos, puedan resolverse ante un juez cívico en lugar de seguir la vía penal correspondiente.

 “¿De verdad Morena considera que robarle casi seis mil pesos a una familia es un asunto menor? Ese dinero puede representar la renta, la despensa, la mercancía de un pequeño negocio o días enteros de trabajo. Robar es robar, y ningún delito debe minimizarse por el monto de lo sustraído”, señaló.

 Garrido sostuvo que esta medida podría debilitar la respuesta institucional frente a los delitos patrimoniales, particularmente si permite que determinados casos se resuelvan mediante acuerdos de reparación del daño sin garantizar una investigación adecuada ni la protección efectiva de las víctimas. “Esta reforma no ayuda en nada a la víctima y beneficia a los delincuentes”, aseveró.

 El legislador panista cuestionó los mecanismos previstos para verificar si una persona señalada por robo es reincidente, evitar que las víctimas sean presionadas para aceptar acuerdos y garantizar que el responsable cumpla efectivamente con la devolución de los bienes o la reparación del daño.

 “¿Quién va a garantizar que realmente sea el primer robo de una persona? ¿Quién va a proteger a la víctima de las presiones para aceptar un arreglo? ¿Y qué va a pasar cuando el responsable no devuelva lo robado o incumpla el acuerdo? La prioridad debe ser la justicia y la protección de las víctimas, no facilitarle las cosas al delincuente”, enfatizó.

 El Diputado advirtió que el llamado robo hormiga y de farderos tiene consecuencias económicas importantes para comerciantes, tienditas, mini super, trabajadores, pequeños empresarios y familias que dependen de sus ingresos diarios para salir adelante.

 Asimismo, destacó que las consecuencias de un robo no se limitan al valor económico de los objetos sustraídos. La experiencia de ser víctima de un delito puede generar miedo, angustia e inseguridad, especialmente cuando afecta a niñas, niños, adultos mayores o personas que utilizan diariamente el transporte público y las calles de la ciudad.

“Que te asalten a ti, a tu mamá o a tus hijos no es un asunto menor. El miedo y el trauma que deja un delito no desaparecen porque lo robado tenga un valor inferior a determinada cantidad. La autoridad tiene la obligación de proteger a las víctimas y garantizar que los delitos se investiguen”, afirmó.

Garrido también advirtió sobre los riesgos de adoptar modelos que reduzcan las consecuencias jurídicas de determinados robos sin una evaluación rigurosa de sus resultados. En ese sentido, mencionó la Proposición 47 de California como un antecedente que debe analizarse, pues en sus resultados aumentó el robo simple.

El legislador señaló que cualquier reforma en materia de seguridad y justicia debe evaluarse por sus efectos reales en la incidencia delictiva, la investigación de los delitos, la reincidencia y la protección de las personas afectadas, y no por la posibilidad de presentar estadísticas más favorables. “Quieren esta reforma para maquillar las cifras y decir que bajaron los delitos de robo”, puntualizó.

“Morena no puede pretender que hay menos delincuencia simplemente cambiando la manera en que se procesan determinados robos. Reclasificar o canalizar un asunto por otra vía no significa que el delito haya dejado de existir ni que la víctima haya recuperado su tranquilidad”, sostuvo.

Finalmente, el Diputado Diego Garrido exigió que cualquier modificación legal coloque en el centro a las víctimas, preserve las garantías de acceso a la justicia y evite que los mecanismos alternativos se conviertan en una vía de impunidad.

“Devolver lo robado o robar poquito no debe convertirse en una salida automática para eludir la justicia. La seguridad y el patrimonio de las familias merecen respeto. En Acción Nacional lo decimos con claridad: robar es robar. Los bienes y el fruto del trabajo de los ciudadanos merecen protección y ese artículo debe de desecharse de la propuesta del gobierno”, concluyó.