PESQUISA POLITICA

EDMUNDO OLIVARES ALCALÁ ………………………

Factores de la Ingobernabilidad frente al crimen, así como la ausencia de autoridad efectiva en algunas regiones donde los gobiernos federales y locales, así como en la Ciudad de México, pierden el control y las comunidades quedan expuestas a cobros de piso, extorsiones o desapariciones.

La desaparición de los adolescentes, niños y en ocasiones los mismos adultos, al estado no le interesa, se cruza de brazos y la ingobernabilidad y el debilitamiento institucional facilitan que la delincuencia organizada expanda su control territorial.

La crisis de desapariciones en México afecta gravemente a la niñez, con un promedio de 31 menores reportados como desaparecidos o no localizados diariamente durante 2025 y un estimado de 165,000 niñas, niños y adolescentes impactados por la pérdida de sus padres o familiares.

Ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, la Diputada Claudia Pérez Romero, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, presentó una iniciativa de Protección Jurídica y Reconocimiento de las Personas Buscadoras, con el objetivo de garantizar que las familias de personas desaparecidas y sus representantes cuenten con reconocimiento jurídico, participación institucional y condiciones de protección para realizar sus labores de búsqueda.

Dijo que, investigadores de la Gaceta UNAM señalan que las respuestas gubernamentales frecuentemente recurren a invalidar las cifras, cuestionar los hechos o desacreditar el dolor de las familias mediante expresiones de duda sobre la existencia de una política sistemática.

Organismos como el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU han activado mecanismos de supervisión estricta (como el artículo 34 de su Convención) ante la gravedad del fenómeno en el país.

Ante la falta de efectividad y el silencio oficial, son los familiares y organizaciones civiles quienes impulsan las labores de búsqueda, identificación forense y exigencia de justicia.

La diputada del PAN indicó que Si necesitas reportar un caso o buscar apoyo institucional en la capital, puedes contactar a la Comisión de Búsqueda de Personas de la CDMX.

La legisladora señaló que, ante la desaparición de un ser querido, muchas familias terminan realizando labores de investigación y búsqueda que corresponden al Estado.

“La familia se convierte en investigadora. La madre se convierte en buscadora. El padre se convierte en buscador”, afirmó.

Pérez Romero sostuvo que las familias buscadoras no pueden ser consideradas únicamente como espectadoras de la tragedia, sino como víctimas indirectas que, ante la ausencia de respuestas, han decidido no rendirse y que poseen información y experiencia que debe ser considerada por las instituciones encargadas de la búsqueda.

Por ello, explicó que su propuesta plantea que las Personas Familiares Buscadoras y sus representantes legítimamente acreditados formen parte del Sistema de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Ciudad de México, sin sustituir las responsabilidades que corresponden a las autoridades.

No para sustituir a las autoridades. No para trasladarles una responsabilidad que corresponde al Estado. Sino para reconocer jurídicamente una realidad que ya existe”, enfatizó.

La iniciativa también busca garantizar la protección de quienes participan en labores de búsqueda, debido a que pueden enfrentar amenazas, agresiones, violencia, desplazamiento y otros riesgos físicos.

En ese sentido, propuso facilitar que las Personas Familiares Buscadoras y sus representantes legítimamente acreditados puedan acceder al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, además de contar con los medios necesarios para realizar su labor.

La Diputada destacó que la búsqueda de personas desaparecidas no puede construirse únicamente desde las instituciones, sino que debe incorporar la experiencia y conocimiento de las familias.

“Autoridad, familia y sociedad civil deben poder trabajar de manera coordinada”, sostuvo.

Subrayó que la desaparición de una persona no puede reducirse a una estadística, pues detrás de cada registro existe una historia y una familia que continúa esperando respuestas.

Por ello, afirmó que el Estado debe garantizar una respuesta integral que incluya búsqueda, protección, verdad, justicia y reparación, así como condiciones para que las familias puedan participar en los procesos institucionales sin quedar expuestas.

“Cuando una persona desaparece, la familia no debería tener que convertirse en investigadora. Pero cuando una familia decide buscar, el Estado no puede dejarla sola”, expresó.

Finalmente, la legisladora llamó a construir instituciones que acompañen y protejan a quienes buscan a sus seres queridos y reiteró el sentido de su propuesta:

“Que nadie que salga a buscar a un ser querido tenga que hacerlo solo”.