PESQUISA POLITICA

EDMUNDO OLIVARES ALCALA. ………………………….

La percepción de la corrupción que se tiene en el Estado de México, se desprende que tanto el sector empresarial como el gubernamental, Ministerio Públicos, jueces y Magistrados, están coludidos y están poco sancionados y todos estos manejos están asociados a trámites donde hay contacto directo con personas servidoras públicas de la entidad.

El Instituto de Transparencia instaló 101 módulos de información pública en 36 municipios de la entidad, y la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de la FGJEM inició tres mil 142 carpetas de investigación y ha firmado convenios de colaboración en materia de auditoría y fiscalización.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), tiene denuncias penales por corrupción que presentó el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), durante los años 2022, 2023 2024, 2025 y 2026, que a la fecha siguen en investigación inicial y sin personas detenidas. 

La corrupción de impartición de justicia en el Estado de México, especialmente en las cárceles, un problema persistente que afecta la integridad y el patrimonio del ciudadano.

Una prueba fehaciente ésta en el Órgano de difusión del Poder Judicial del Estado de México, del asesinato de un sujeto.

Una mujer ha vivido dos años en medio de corrupción, extorsiones y amenazas por parte de elementos de la Fiscalía del Estado de México con sede en Chimalhuacán.

Fue el pasado 19 de julio de 2024 que la denunciante viajaba con su esposo, José Carlos Méndez Espinoza, en una motocicleta y fueron atacados por un sujeto identificado como Bernardo Romano, quien en ese momento dejó sin vida al padre de familia y a ella con una herida grave en el estómago.

Desde ahí empezó el martirio para la señora que acudió a levantar su denuncia, y fue en 2025 que fue detenido el presunto homicida, mismo que posteriormente fue liberado luego de supuestamente dar dinero a un licenciado de nombre Néstor Raúl González, Ministerio Público de Chimalhuacán.

Posteriormente, la afectada acudió de nuevo para pedir avances en la indagatoria, momento en que fue atendida ahora por Daniel Rodríguez Mendoza, responsable de dicha carpeta de investigación.

Asimismo, se comunicó directamente a Toluca, a Fiscalía General, donde le proporcionaron los folios LD/ 2552 y LD/3011.

De nueva cuenta acudió a Chimalhuacán donde ahora fue Karla Cristina Amador Rosales, quien argumentó que necesitaba testigos o pagar 60 mil pesos para que la Policía de Investigación hiciera su trabajo.

Fue el pasado 31 de julio cuando ella recibió una llamada de quien se hizo llamar Jessica Anzaldo Salgado, encargada de Homicidios, quien la intimidó y se burló al decir que ‘su esposo ya estaba muerto’ y que pagara los 60 mil pesos, bajo amenaza de que no volviera a llamar a Toluca, esto, supuestamente por órdenes de Anayanzin Ruiz López.

Esto no se detuvo ahí, ya que ha recibido más llamadas telefónicas con intimidaciones para evitar que se dé a conocer el caso de su esposo que era el sustento de su hogar y cuyo asesinato sigue impune por los malos trabajos de la fiscalía que una vez más exige dinero para hacer el trabajo por el cual se les paga con los impuestos de la población.