PESQUISA POLITICA

EDMUNDO OLIVARES ALCALA. ……………………..

Ésta confirmado que, en las investigaciones por el delito de despojo, invasión de departamentos, casas habitación y predios, están involucrados, en el cártel inmobiliario jueces, notarios, así como a servidores públicos del Registro Público de la Propiedad.

Además, se ha señalado que en los despojos están involucrado funcionarios que tienen acceso a información privilegiada. La creciente incidencia de este delito ha llevado a un llamado para endurecer las acciones contra las redes que operan en este ámbito

Supuestamente este fenómeno conocido como el “Cártel del Despojo” ha sido una realidad alarmante que afecta a miles de familias en la Ciudad de México y que, supuestamente, en el año 2002 se había combatido.

El entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López obrador, al no poder parar el escándalo, tuvo que destituir al entonces director del Registro Público de la propiedad, omitimos su nombre por razones obvias, porque se verificó que los funcionarios de la dependencia estaban involucrados en la falsificación de documentos.

Varios funcionarios del Registro Público de la Propiedad fueron detenidos, el 22 de agosto del 2002 en los momentos en que trataban de introducir el acervo notarial inscripciones falsas de dos propiedades.

Aunque no se trata de una organización criminal con una estructura única reconocida oficialmente, el nombre describe redes complejas de particulares, abogados, notarios y servidores públicos que utilizan el fraude documental y la ocupación física para apropiarse de inmuebles ilegalmente.

Las redes operan mediante un patrón sistemático que comienza con la identificación de viviendas vulnerables: casas abandonadas, terrenos sin ocupación, propiedades cuyos dueños viven fuera del país o inmuebles con juicios sucesorios (herencias) inconclusos.

Ante este problema que se vuelve a repetir o nunca ha sido combatido, sería una triste señal, que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ni siquiera esté dispuesta a dialogar o debatir las propuestas, para combatir este flagelo.

El PAN invitó hoy a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, a establecer diálogo para lograr soluciones ante la crisis de despojos en la capital. “Es un tema que lacera y afecta el patrimonio, no tiene colores partidistas, ojalá y la mandataria éste dispuesta a dialogar con el PAN”.

La presidenta del PAN CDMX, Luisa Gutiérrez Ureña, llamó también a las otras fuerzas políticas representadas en el Congreso local, a no sacarle raja política a este tema y generar los elementos legislativos para darles solución a las víctimas, “no mayor tortuguismo”.

Federico Döring, diputado federal y vocero del PAN CDMX, dijo que “ojalá el Gobierno entienda que todos podemos ser parte de la solución y no le vamos a contestar las groserías al secretario de Gobierno, César Cravioto, con una descalificación como él lo ha hecho”.

Agregó que ha quedado claro como el secretario no ésta del lado de las víctimas sino del lado de los criminales que despojan. “Y la jefa de Gobierno debe entender que ella gobierna para todos, no solamente para los militantes de su partido, tenemos propuestas concretas que ella, por lo menos, tiene que escucharlas, sino coincide está en su derecho”.

En su momento, la diputada local del PAN, Daniela Álvarez Camacho, planteó Un Protocolo Único de Actuación para casos de despojo, capacitación especializada para la policía, coordinación inmediata entre instituciones, fortalecer la Agencia del Delito de Despojo y reducir la rotación de Ministerios Públicos, así como investigación con enfoque patrimonial.

“Seguir la ruta del dinero y de los beneficios patrimoniales puede ser tan importante como identificar a quien realizó materialmente la ocupación. Las investigaciones deben contemplar la posible participación de servidores públicos o particulares que, abusando de sus funciones o de la información a la que tienen acceso, faciliten la comisión del delito”.

Cuando existan indicios de corrupción, la investigación debe ampliarse para identificar toda la red de personas involucradas y no limitarse únicamente a quien ejecutó materialmente el despojo. La confianza ciudadana exige que cualquier participación indebida de servidores públicos sea investigada con absoluta imparcialidad

Por su parte, el diputado local del PAN, Federico Chávez Semerena, comentó que, para diseñar mejores políticas públicas también es indispensable conocer cómo opera el delito.

“Proponemos fortalecer los sistemas de análisis e inteligencia institucional para identificar patrones de actuación, zonas de mayor incidencia, modalidades de comisión, perfiles de víctimas y posibles vínculos entre distintos casos; contar con información confiable permitirá anticipar riesgos, focalizar recursos y desarticular redes que operan de manera sistemática”.

El panista detalló que es necesario que la Fiscalía publique periódicamente información estadística sobre la atención del delito de despojo, incluyendo, entre otros aspectos: número de denuncias recibidas; carpetas judicializadas; tiempos promedio de investigación; inmuebles recuperados; órdenes de cateo solicitadas y ejecutadas.