PESQUISA POLITICA

EDMUNDO OLIVARES ALCALA. ……………………

Los integrantes del “Cártel del Despojo” ha pasado de ser un término mediático a una realidad alarmante que afecta a miles de familias en la Ciudad y estado de México, apoyados por funcionarios corruptos de Morena y aliados.

La denuncia ciudadana, víctima de este organismo delincuencial, involucra a particulares, abogados, notarios y servidores públicos que utilizan el fraude documental y la ocupación física para apropiarse de inmuebles ilegalmente.

La magnitud del problema es evidente en las cifras oficiales. La diputada local Lizzette Salgado señaló, que entre enero de 2020 y abril de 2026 se han iniciado más de 25 mil carpetas de investigación por el delito de despojo en la CDMX, y las acciones de la justicia no avanzan, como si los protegieran a los delincuentes.

Ante la desesperación de seguir este fenómeno delincuencial que ésta por encima de las autoridades correspondientes y nadie les ha brindado ningún apoyo, los congresistas del PAN CDMX y diputados federales acompañarán, respalda y orienta a las víctimas del delito de despojo en la capital del país, mediante acciones concretas para cuidar el patrimonio y blindarlo de las garras criminales que muchas veces, operan bajo el amparo de funcionarios corruptos de Morena.

Luisa Gutiérrez Ureña, presidenta del PAN CDMX, señaló que hay muchas familias en todas alcaldías que viven en carne propia el miedo. “La soledad de las autoridades, en donde de un día a otro, criminales puedan quitarnos todo nuestro patrimonio sin que nuestras autoridades hagan algo”.

Por ello, el PAN CDMX anunció que a través del portal www.pancdmx.org.mx se buscará apoyar a las víctimas del despojo, y se recibirán los casos para darles seguimiento por medio de un equipo especializado jurídicamente para atender las demandas vecinales.

El diputado local del PAN, Federico Chávez Semerena, dijo que entre las acciones para erradicar este delito, será:

* Integrar grupos vecinales y autoridades competentes (de la SSC por sector y diputados del PAN)

* ⁠Recorridos permanentes para sumar a más ciudadanos al conocimiento de información relevante sobre el tema.

Además de la dotación de herramientas como cámaras de vigilancia y luminarias vecinales, que permitan a los dueños de viviendas desocupadas o habitadas por personas vulnerables, mantener monitoreado y estar pendiente de sus inmuebles.

Además, habrá un acompañamiento jurídico por medio de una red de abogados del PAN, de los comités panistas por alcaldías y los módulos de atención ciudadana de los legisladores de Acción Nacional.

Federico Döring, diputado federal y vocero del GPPAN, comentó que durante las últimas semanas, gracias al trabajo de vecinas y vecinos, redes sociales y medios de comunicación, se han presentado cada vez más denuncias de despojo y es algo que el Gobierno debe atender.

“Desde lo Legislativo, el PAN ha presentado diversos elementos legislativos sobre el tema. De 2019 a 2024, la Ciudad registró 23 mil 937 carpetas por delito de despojo. 2021, fue el año con más denuncias acumulando un total de 4 mil 437”.

Los diputados Daniela Álvarez y Andrés Sánchez Miranda, coincidieron en que es necesario garantizar a los ciudadanos un marco jurídico adecuado, que atienda de manera efectiva este delito y la persecución de sus responsables, priorizando siempre a las víctimas.

“Vamos a trabajar en puntos de acuerdo e iniciativas para robustecer el marco jurídico de la Ciudad, exigiremos que el registro público tenga un plazo máximo de 5 días hábiles para remitir información registral vigente”.

Por su parte, la diputada local Laura Álvarez Soto, mencionó que el despojo de viviendas ya no es un hecho aislado; es un síntoma del deterioro de la seguridad y del Estado de Derecho en la Ciudad de México.

“Mientras el gobierno de Morena presume cifras y discursos, miles de familias viven con el temor de perder el patrimonio que construyeron durante años.

Desde el PAN exigimos una estrategia integral que ponga a las víctimas en el centro, combata con firmeza a las redes que operan estos delitos y sancione cualquier acto de corrupción o complicidad de servidores públicos”.

El hogar de una familia no puede quedar a merced de la delincuencia ni de la impunidad. Proteger el patrimonio de las y los capitalinos debe ser una prioridad, no un tema que el gobierno siga minimizando.