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PESQUISA POLITICA.

  • hace 5 días
  • 3 min de lectura

EDMUNDO OLIVARES ALCALA. ………………………

Cientos de personas han sido despojadas de su vivienda o les han invadido sus casas o predios en México, delito que va en aumento y afecta principalmente a personas en situación de vulnerabilidad, y las autoridades correspondientes solo se cruzan de brazos.

En las alcaldías Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, desde a principio de año, se han presentado a los domicilios, personas que se identifican como trabajadoras sociales del Gobierno de la Ciudad de México, llevan con ellos nombre y todos los datos de la gente que habita la vivienda, y tratan de convencerlos para que en ese momento los acompañen a casas hogar.

Los gangster les aseguran a las víctimas que el Gobierno de la Ciudad de México cuanta con un programa para que la gente vulnerable pase, sus últimos días bien atendidos y que nada les falte, y cuando las víctimas se oponen y presentan resistencia, llegan más desconocidos y por la fuerza de apoderan del inmueble, y la policía solo se dedica decirles presenten una Carpeta de Investigación.

Par obtener los datos de las víctimas, brigadas de personas, antes de ejecutar el despojo, visitan los domicilios de la Ciudad de México, u estados de la República Mexicana, y con el pretexto de que los van apoyar, supuestamente, con los programas sociales que están otorgando los gobiernos, federal y de local, principalmente los servicios de médico en casa, y se identifican como personal de Morena.

Con credenciales de Morena y vestidos de color guinda y portando chalecos con las siglas del partido en el poder, estas personas señalan a la gente que recibirán atención médica presencial o virtual en la comodidad de su hogar, o recibirán mensualmente una despensa.

Los supuestos trabajadores sociales, piden copia del INE, y solicitan al interesado todos los datos para saber en que estado se encuentra el inmueble y a nombre de quien se acredita la propiedad.

Investigaciones realizadas por especialistas y de acuerdo con las miles de denuncias presentadas en diferentes agencias del Ministerio Público suman ya 179 mil mil a nivel nacional.

En 2025, se han registrado más de 4,000 denuncias por despojo de vivienda en la Ciudad de México, lo que representa un aumento del 8% en comparación con el año anterior.

Las alcaldías más afectadas incluyen Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero. A lo largo de 2025, se han atendido 4,710 denuncias y se han asegurado 4,773 inmuebles.

Estos grupos utilizan tácticas como contratos falsos, daciones en pago simuladas y juicios civiles con pruebas apócrifas obtenidas del Registro Público de la Propiedad o de notarías corruptas.

Coincide con CEJUR en que las principales víctimas son personas mayores y de sectores vulnerables, muchas veces sin escritura pública, lo que las deja en situación de indefensión legal, o personas que rentan y los obligan a abandonar el departamento que habitan.

Según la UNAM, este delito se configura cuando alguien ocupa un terreno o inmueble ajeno y realiza actos que evidencian su intención de apropiárselo, aun sin recurrir a la violencia.

Sin embargo, las autoridades reconocen que sigue siendo una práctica extendida en todo el país, muchas veces difícil de denunciar o combatir por quienes la padecen, pero nada hacen para impedirlo.

En 2022, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales (CEJUR), encabezó una mesa interinstitucional junto con la, entonces, PGJCDMX, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y el Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Ahí se documentaron distintas formas en que se comete el despojo de inmuebles:

Quedó establecido que la ocupación de viviendas habitadas por adultos mayores o mujeres solas, son sorprendidas.

El artículo 395 del Código Penal Federal establece que el despojo de inmuebles o aguas es un delito que puede castigarse con hasta cinco años de prisión. Se configura cuando:

Se ocupa un inmueble ajeno por la fuerza, con engaños o amenazas; Se ocupa un bien propio, pero de forma contraria a la ley

Las penas van de tres meses a cinco años de prisión, y se incrementan si el delito se comete en grupo o con violencia. El artículo 396 señala que si el despojo se realiza con amenazas o agresiones, se acumulan penas adicionales por esos actos.

Además, si las víctimas son personas adultas mayores, mujeres solas o en situación vulnerable, la pena puede agravarse. Una modalidad creciente de este delito incluye la falsificación de documentos para aparentar la legal posesión de un inmueble.

 

 
 
 

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