PESQUISA POLITICA.

EDMUNDO OLIVARES ALCALA. …………….

Las leyes penales en la Ciudad de México, son violadas por las mismas autoridades correspondientes, y lejos de castigar a él o los responsables con cobijados con el manto de la impunidad, y protegen a los presuntos responsables.

En México, más del 90% de los delitos quedan impunes, siendo los fraudes, extorsiones y homicidios dolosos algunos de los más comunes que no se investigan adecuadamente, y se busca a chivos expiatorios.

Las autoridades en México están comprometidas con la protección de los derechos humanos y la justicia penal. Sin embargo, también enfrentan desafíos significativos, como la fabricación de culpables y la falta de respeto por los derechos humanos.

En el contexto del derecho penal, la protección de los culpables de delitos se basa en la responsabilidad moral y jurídica que tienen las personas por la comisión de un delito.

La culpabilidad busca garantizar la justicia y la equidad en el sistema legal, responsabilizando a quienes voluntariamente transgreden la ley, pero en los últimos años es todo lo contrario.

En estos momentos hay grupos delincuenciales que detrás de promesas de trabajo fácil, altos sueldos, viajes pagados o contratación inmediata, esconderse un esquema de explotación, abuso y pérdida de libertad.

Lo que parece una simple oferta de empleo puede convertirse en una trampa peligrosa. Ante el aumento de casos donde personas son engañadas con supuestos trabajos, la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PVEM en el Congreso, Rebeca Peralta presentó una iniciativa para castigar este tipo de prácticas.

La propuesta plantea crear en el Código Penal el delito de captación de personas mediante engaño, para sancionar a quienes utilizan falsas vacantes, entrevistas o procesos de reclutamiento para manipular a las víctimas y ponerlas en riesgo.

Y es que el problema va en aumento. Actualmente, muchas personas —principalmente mujeres y jóvenes— son contactadas con promesas de empleo que parecen reales, pero que en realidad buscan obtener información, citarlas en lugares desconocidos o incluso llevarlas a situaciones mucho más graves dijo la legisladora.

Datos alarmantes revelan que casi tres de cada 10 víctimas de trata de personas fueron engañadas a través de ofertas laborales falsas. Además, en la Ciudad de México, una de cada cuatro víctimas de explotación sexual fue captada de esta manera.

El caso de Edith Guadalupe que conmocionó a la opinión pública, dejó en evidencia el peligro: una supuesta entrevista de trabajo terminó en tragedia. Este hecho encendió las alertas sobre la falta de herramientas legales para actuar a tiempo señaló la legisladora.

Hoy, el gran problema es que la ley llega tarde, las autoridades suelen intervenir cuando el delito ya ocurrió, pero no cuando inicia el engaño. Es decir, cuando la víctima aún podría ser protegida.

Con esta iniciativa se busca cambiar eso: actuar antes de que sea demasiado tarde. La propuesta contempla sanciones, agravantes y que el delito se persiga de oficio, para que el Estado pueda intervenir desde el primer momento.

Además, el uso de redes sociales y plataformas digitales ha facilitado que estos engaños se multipliquen rápidamente, alcanzando a más personas y dificultando identificar a los responsables.

Finalmente, Peralta León señaló que la iniciativa busca cerrar este vacío legal y enviar un mensaje, engañar para poner en riesgo a alguien también debe ser un delito.