PESQUISA POLITICA

EDMUNDO MOLIVARES ALCALA. ………….

Es necesario frenar linchamientos de las conferencias “del Pueblo”. Los datos personales están en peligro debido a la amenaza de robo de identidad, fraude financiero, hackeos y el mal uso de información sensible, pero lo mas grave de toso es que el gobierno federal los utiliza para callar, controlar, intimidar a quien piensa contrario al Gobierno Federal.

Estas acciones han generado preocupaciones sobre el alcance de la vigilancia a que esta sometidas las personas, ante la indiferencia de las autoridades correspondientes quienes son las primeras en utilizarlas

Es necesario y urgente detener de inmediato cualquier filtración de datos personales, se deben de investigar y sancionar a quienes vulneren la ley, pero desgraciadamente las mismas autoridades locales y federales son las primeras en violarlas.

.Las conferencias mañaneras de la presidencia de México es un llamado a los políticos, funcionarios de PAN y el PRI, así como ha periodistas que no están de acuerdo en las políticas federales y locales,

La Diputada local Olivia Garza presentó una iniciativa de reforma al Código Penal local para tipificar el “doxing” como delito y así poner un límite a la exhibición de datos sensibles y linchamiento mediático de personas en las conferencias matutinas de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

En conferencia de prensa acompañada del Coordinador Parlamentario de Acción Nacional, Andrés Atayde y compañeros de su bancada, la legisladora panista sostuvo que en los últimos años se ha normalizado el uso de plataformas oficiales y discursos institucionales para estigmatizar a quienes opinan distinto o expresan críticas legítimas.

“Cuando desde el gobierno se usa información personal, plataformas masivas o narrativas oficiales para desacreditar, exponer o perseguir a una persona, no estamos ante un debate democrático: estamos ante un abuso de poder”, afirmó.

La iniciativa propone sancionar hasta con dos años de prisión a quien exponga de manera indebida datos personales, impulse campañas de hostigamiento digital o linchamientos mediáticos en contra de periodistas, activistas, organizaciones civiles o ciudadanía en general.

Abundó que en caso de que esta práctica sea cometida por un servidor público, la sanción se duplicaría.

“Esta iniciativa es un mensaje claro: nadie puede usar el aparato del Estado para linchar, exponer o silenciar. En la Ciudad de México debemos defender la libertad y poner un alto a cualquier forma de intimidación desde el poder público”, enfatizó.

La propuesta también impulsa la creación de protocolos de actuación, medidas de protección a víctimas y criterios claros para responsabilizar a servidores públicos que participen en prácticas de hostigamiento digital.