PESQUISA POLITICA

EDMUNDO OLIVARES ALCALA. ………………..

Mientras los riesgos de seguridad para las madres y familias buscadoras persisten en un escenario en el que se han visto obligadas a asumir una labor que compete al Estado, colectivos, organizaciones e investigadores alertan sobre los riesgos de desacreditarlas y criminalizarlas, en un contexto en el que las amenazas y asesinatos hacia ellas van en aumento.

Con el homicidio de la madre buscadora, el día jueves en Jalisco, María del Carmen Morales, junto con su hijo, suman ya 25 las víctimas, sin contar a sus parejas e hijos, sacrificados desde 2010 y abril de 2025,

Como sueles suceder en estos casos, como en otros, las autoridades correspondientes, las federales y locales, solo señalan, “el crimen no quedará impune, se investigará y castigar al culpable o culpables”.

Palabras… palabras… palabras, para tranquilizar a los familiares de las víctimas, pero en los hechos nada pasa y con el tiempo todo se olvida y de esa forma se lavan las manos. “El tiempo incumplido y permitido para los asesinos, alivia todo”.

“Las Madres Buscadoras”, tuvieron que hacer el trabajo del estado, porque se dieron cuenta que, con palabras populistas y engañadoras las autoridades correspondientes resolvían las desapariciones que terminaban con los homicidios.

De acuerdo con datos del colectivo, la pregunta “a dónde van los desaparecidos”, porque el estado no tiene voluntad política para buscarlos y detener a los presuntos responsables.

El Estado no busca porque si lo hiciera, se encontraría a sí mismo”, dijo recientemente una madre buscadora en medio de su coraje tras el descubrimiento del rancho del exterminio en Teuchitlán, Jalisco.

Solo así se explica el por qué, siempre, han sido los familiares de los desaparecidos quienes encuentran fosas clandestinas, crematorios, y ahora campos de entrenamiento, en donde, a la vista de autoridades, sus hijos fueron reclutados, torturados, asesinados e incinerados.

De acuerdo con datos recabados por la organización Artículo 19, entre 2010 y marzo de 2025 se han detectado 24 casos de personas buscadoras asesinadas y cuatro desaparecidas.

Los estados que registran la mayor cantidad de estos hechos son Guanajuato, con ocho casos, Michoacán y Sonora –tres en cada uno–, y Sinaloa, Veracruz y Jalisco –dos cada uno–. En este último, a principios de mes se dio el hallazgo del Rancho Izaguirre en el municipio de Teuchitlán.

La madre buscadora María del Carmen y su hijo Jaime Daniel, integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, fueron asesinados en la madrugada de este jueves, en las inmediaciones de su casa en el Fraccionamiento Las Villas en Tlajomulco de Zúñiga.

María del Carmen era buscadora de justicia y verdad para su hijo desaparecido, Ernesto Julián Ramírez Morales, quien desapareció el 24 de febrero de 2024.

Por ello, el colectivo exige una investigación inmediata y exhaustiva de los hechos para esclarecer los responsables del doble homicidio en Jalisco. “No más violencia ni impunidad en el estado de Jalisco.

Es hora que las autoridades tomen medidas efectivas para proteger a los ciudadanos y garantizar la justicia”.  Pedimos a la presidenta que ejerza presión sobre el estado de Jalisco para que se tomen medidas concretas para prevenir la violencia y garantizar la justicia para las víctimas y sus familias”, indicaron en el comunicado.