PESQUISA POLICIACA
EDMUNDO OLIVARES ALCALA

FIRMA FEDE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. Con el propósito de garantizar una jornada electoral pacífica y segura en las próximas elecciones, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), firmó convenio de colaboración con la Procuraduría General del Estado de Baja California Sur.
A través de videoconferencia, el titular de la FEDE, José Agustín Ortiz Pinchetti, destacó que cada firma de convenio, sin duda, debe ser una prueba real y contundente que refleje la voluntad política para el respeto de las elecciones del próximo 6 de junio.
Agregó que estos acuerdos son dignos de celebrarse por lo que representan, e informó que prácticamente los convenios están firmados con todos los estados de nuestro país.
Dijo que están trabajando en todo momento para brindarle a los ciudadanos unas jornadas electorales exitosas, seguras y limpias. En este sentido, asintió que es muy satisfactorio el acuerdo de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, por el que se define que habrá agentes comisionados del Ministerio Público Federal (MPF), en todos los estados de la República.
Por su parte, el procurador general de Baja California Sur, Daniel de la Rosa Anaya, dijo que la firma de este convenio es importante para la colaboración y facilitación de las denuncias que se pudieran formular por la probable comisión de delitos electorales.
FIRMA FEDE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. Con el propósito de garantizar una jornada electoral pacífica y segura en las próximas elecciones, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), firmó convenio de colaboración con la Procuraduría General del Estado de Baja California Sur.
A través de videoconferencia, el titular de la FEDE, José Agustín Ortiz Pinchetti, destacó que cada firma de convenio, sin duda, debe ser una prueba real y contundente que refleje la voluntad política para el respeto de las elecciones del próximo 6 de junio.
Agregó que estos acuerdos son dignos de celebrarse por lo que representan, e informó que prácticamente los convenios están firmados con todos los estados de nuestro país.
Dijo que están trabajando en todo momento para brindarle a los ciudadanos unas jornadas electorales exitosas, seguras y limpias. En este sentido, asintió que es muy satisfactorio el acuerdo de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, por el que se define que habrá agentes comisionados del Ministerio Público Federal (MPF), en todos los estados de la República.
Por su parte, el procurador general de Baja California Sur, Daniel de la Rosa Anaya, dijo que la firma de este convenio es importante para la colaboración y facilitación de las denuncias que se pudieran formular por la probable comisión de delitos electorales.
FGR OBTIENE SENTENCIA CONDENATORIA EN CONTRA DE NUEVE PERSONAS La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), obtuvo sentencia condenatoria en contra de nueve personas por el delito de posesión Ilícita de petrolífero.
El 25 de octubre de 2018, se inició investigación con motivo de la ejecución de un cateo en el municipio de Santa María Xonacatepec, Puebla, donde elementos de la entonces Policía Federal realizaron la detención en flagrancia de José “S”, Monserrat “C”, Juan “V”, Hilario “M”, Édgar “A”, Ricardo “M”, José “P”, Édgar “S” y Ramón “C”, quienes se encontraban en posesión de 25 mil 486 litros de Gas Licuado de Petróleo, sin que lograran acreditar la legalidad del mismo, asegurándose el inmueble del cateo, el petrolífero, 13 vehículos, una laptop y celulares.
El 04 de marzo de 2021, el Juez de Distrito, una vez valorados los datos de prueba aportados por la FGR, dictó fallo condenatorio en su contra por la comisión del delito de posesión Ilícita de petrolífero gas licuado.
Posteriormente, se celebró la audiencia de individualización donde se les impuso la pena de 12 años de prisión, multa de mil 200 unidades de medida y actualización; condenó a la suspensión de los derechos políticos y civiles de los sentenciados por el mismo término de la prisión impuesta, y ordenó el decomiso de los 25 mil 448 litros de Gas LP.

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