Pandemia disparó la justicia digital, pero deja poderes judiciales rezagados.

La gran heterogeneidad en el desarrollo tecnológico de los poderes judiciales que se observa hoy en México tiene el riesgo de generar una justicia de primera y una justicia de segunda.

Lo anterior fue expresado por Edna Jaime, directora general de México Evalúa, durante la presentación del Diagnóstico para la implementación de herramientas tecnológicas en los poderes judiciales.

La buena noticia es que la pandemia incitó a muchos poderes judiciales a subirse al tren de la justicia digital, pero la mala es la creciente brecha entre los que trabajan a diario con esas herramientas y los poderes judiciales con un desarrollo incipiente.

“Por ello es necesario implementar una estrategia nacional, y en su caso local, que impulse el desarrollo tecnológico enfocado a mejorar la impartición de justicia y consideramos que el diagnóstico que presentamos hoy contiene la información indispensable para planear esta estrategia”, indicó por su parte Laurence Pantin, coordinadora del programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa.

Precisamente, la pandemia y el cierre de juzgados, que estancaron el trabajo de los poderes judiciales, los obligaron a buscar maneras de realizar sus labores de manera remota. ¿Con qué herramientas tecnológicas contaban los poderes judiciales para impartir justicia en estas condiciones? Esta pregunta dio pie al estudio que hoy presentó México Evalúa

Los resultados de esta investigación confirman que la pandemia ha sido un factor determinante en la aceleración de la adopción de estas herramientas durante los últimos dos años.

Mientras que, en 2019, sólo 16 poderes judiciales contaban con un expediente electrónico, para junio de 2021 ya eran 25. Por otro lado, los poderes judiciales que cuentan con una plataforma para interponer demandas y promociones se duplicaron, al pasar de 7 en 2019 a 16 en 2021. Asimismo, en 2019, 9 poderes judiciales contaban con firma electrónica avanzada y para 2021 ya eran 15.

Sin embargo, una cosa es que existan herramientas tecnológicas y la otra es que éstas se usen. Al respecto, la investigación arroja que el uso de las herramientas tecnológicas aumentó exponencialmente durante la crisis sanitaria. Por ejemplo, en cuanto a las, en 2020 se emitieron 3.5 veces más firmas electrónicas que en 2019.”

Pero la investigación también encontró que si bien la mayoría de los poderes judiciales han implementado ciertas herramientas tecnológicas –como las plataformas de videoconferencias para desahogar audiencias, los sistemas de gestión de expedientes o el expediente electrónico–, solamente la mitad cuenta con una plataforma para recibir demandas y/o promociones o una firma electrónica, y sólo 2 poderes judiciales han implementado hasta ahora los juicios en línea.

“Un aspecto positivo es que, durante la realización de nuestro estudio, no hubo un sólo poder judicial que dijera que iba a descontinuar el uso de herramientas tecnológicas una vez que terminara la pandemia.

Al contrario, muchos comentaron que este tipo de herramientas llegaron para quedarse e incluso algunos indicaron que tienen planes para implementar nuevas herramientas”, indicó por su parte Sandra Escamilla, investigadora del programa de Transparencia en la Justicia.

También se encontró que las herramientas tecnológicas se han implementado de manera heterogénea, es decir, pocos poderes judiciales han implementado sus herramientas en todas las materias y en todos los juzgados. Generalmente, la implementación se centra en juzgados de la capital y en algunas materias.

Por otro lado, es poca la información disponible sobre las herramientas tecnológicas desarrolladas. En primer lugar, pocos poderes judiciales cuentan con un plan de desarrollo tecnológico que les permita planear a largo plazo aquellas intervenciones tecnológicas prioritarias. A menudo, los poderes judiciales tampoco cuentan con datos precisos sobre el costo de sus herramientas tecnológicas.

Esta ausencia de información ocasiona que los departamentos de tecnología de los poderes judiciales tengan dificultad para solicitar un presupuesto adecuado cuando quieren desarrollar nuevas herramientas.

Además, muy pocos poderes judiciales realizan suficiente difusión o capacitaciones dirigidas a las personas usuarias externas que les permitan comprender cómo funcionan las herramientas que se han implementado. Tampoco evalúan el uso de estas herramientas para poder saber si sirven o cómo podrían mejorar.

En el evento también participaron Siegfried Herzog, Director Regional de la Fundación Friedrich Naumann; Ricardo Sodi Cuellar, Presidente del Poder Judicial del Estado de México; Felipe Fernando Macías Olvera, Presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados; Alyx Mark, Profesora de Wesleyan University; y Sandra Escamilla, Investigadora del Programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa.