Organización civil reconocen aumento de impuestos saludables y rechazan interacción gobierno con las industrias

Luego de que las Senadoras y los Senadores aprobaran la reforma a la Ley de Impuestos Especiales sobre Producción y Servicios dentro de los que incluye el impuesto a bebidas azucaradas y a tabaco, representantes de la sociedad civil reconocieron el aumento de impuestos saludables y lamentaron que no fueran incluidas las bebidas alcohólicas, además de que rechazaron la interacción del gobierno con las industrias.

Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, luego de la aprobación de la Ley del IEPS mencionó: “Los impuestos saludables son una de las medidas progresivas más costo-efectivas para reducir los daños causados por el consumo de bebidas saborizadas, productos ultraprocesados, alcohol y tabaco. Están diseñados para proteger el bienestar colectivo al prevenir el consumo de productos que se han convertido ya en las principales causas de enfermedad, discapacidad y muerte prematura en nuestro país.

No obstante, advirtió sobre el riesgo de que estas medidas sean cooptadas por la industria de productos nocivos para la salud, dado que, en acciones pasadas de carácter similar, el resultado de esta cooperación ha beneficiado a unos cuantos y puesto en riesgo la salud de millones de personas en México”.

Al mismo tiempo, subrayó que, a pesar del significativo avance que esta medida representa para la salud de la población mexicana, persisten pendientes cruciales para asegurar un efecto sostenible. Estos incluyen: Alinearse a recomendaciones internacionales del 20% de impuestos especiales a las bebidas azucaradas, la garantía presupuestaria destinada a la salud pública del país y la imposición de impuestos a otros productos, como el alcohol, que estuvieron ausentes en la propuesta aprobada. Por lo que hizo un llamado enérgico a las distintas dependencias del

Poder Ejecutivo y a ambas Cámaras del Poder Legislativo para que incluyan en su agenda de trabajo los pendientes antes mencionados e implementen medidas de carácter progresivo que protejan el interés público por encima de los intereses comerciales.

Por su parte, Erick Antonio Ochoa, director de Salud Justa Mx señaló: “Nadie niega la importancia estratégica de aumentar los impuestos a productos de tabaco y bebidas azucaradas, especialmente con la defensa desde la Presidencia de la República y la Secretaría de Hacienda.

Es sin duda, un triunfo para la salud pública de México. Sin embargo, mantenemos nuestras preocupaciones sobre las interacciones con las industrias, con la imposibilidad de aumentar los impuestos a bebidas alcohólicas, además de la legalización fiscal de los productos de nicotina sin un marco regulatorio fuerte, que es fundamental. Como organizaciones civiles haremos evaluaciones independientes sobre los progresos de la política fiscal aprobada, sin dejar de señalar sus oportunidades de mejora”.

Paulina Magaña, integrante de la Alianza Por la Salud Alimentaria (ASA) hizo hincapié en que:

“El alto consumo de bebidas azucaradas en México constituye una de las mayores amenazas para la salud pública del país. Este hábito provoca más de 230 mil nuevos casos cada año de diabetes y enfermedades cardiovasculares, además de alrededor de 46 mil muertes atribuibles directamente a su consumo

Estas cifras reflejan el profundo impacto que tienen las bebidas azucaradas en la salud de la población mexicana, al contribuir de manera significativa al desarrollo de enfermedades crónicas que deterioran la calidad de vida y generan una carga insostenible para el sistema de salud y el bolsillo de las familias.” Al mismo tiempo, reiteró el llamado a las y los legisladores, así como a los funcionarios del Poder Ejecutivo, instándoles a gravar este tipo de productos de acuerdo con las recomendaciones del 20% establecida por organismos internacionales de salud. Dijo: “El objetivo es claro: lograr un impacto significativo y efectivo en la reducción del consumo de dichos productos, protegiendo la salud y bienestar de la población”.

En relación con los costos asociados al consumo productos nocivos para la salud, Iván Benumea, coordinador del Programa de Justicia Fiscal en FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación, señaló: ”Con la aprobación de los incrementos a los impuestos a las bebidas azucaradas y el tabaco, el Congreso dará un paso fundamental para proteger la salud pública. Sin embargo, aún es necesario fortalecer los impuestos saludables para que estos mecanismos contribuyan significativamente a evitar el colapso de nuestro sistema de salud.

Solo el costo de la obesidad y el sobrepeso representan pérdidas para la economía nacional de 600 mil millones de pesos, lo que equivale a dos terceras partes de los programas sociales prioritarios. Nuestro sistema fiscal aún tiene margen para incrementar los impuestos al alcohol, tabaco, bebidas azucaradas y comida chatarra conforme a los estándares Internacionales y la recaudación debería etiquetarse de manera transparente en favor del IMSS-Bienestar. También, resulta fundamental reformar el impuesto a las ganancias de estas industrias para evitar que continúen recibiendo beneficios fiscales y deduciendo conceptos como las concesiones de agua y los gastos en publicidad y marketing”.

En tanto, Alonso Robledo, vocero de la Red de Acción Sobre Alcohol (RASA) señaló: “Alzamos la voz ante la falta de voluntad política para aprobar el impuesto al alcohol, una medida que la evidencia científica respalda como una de las más efectivas para reducir el consumo nocivo y prevenir enfermedades, accidentes y muertes” y agregó: “México perdió una oportunidad histórica al no incluir esta medida en el paquete fiscal. Una modificación a la ley del IEPS que estableciera una cuota específica por mililitro de alcohol puro de 35.421 centavos para la cerveza, 68.477 centavos para fermentados y 61.393 centavos para destilados, podría reducir el consumo de bebidas alcohólicas en un 37%, generando simultáneamente una recaudación fiscal de hasta 105 mil millones de pesos”.

Las organizaciones enfatizaron que la salud debe protegerse, no negociarse. Recordaron que las políticas públicas deben servir a las personas, no a las corporaciones, y que ningún acuerdo con la industria puede estar por encima del derecho a la salud de la población.