Obligar incluir accesorios para funcionamiento de productos

Senadores del Grupo Parlamentario del PT presentaron una iniciativa para que los consumidores que adquieran un producto, sin los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento, tengan derecho a una compensación por parte del proveedor, que sea determinada por la Procuraduría Federal del Consumidor. El proyecto que impulsan la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, así como los senadores Joel Padilla Peña y Miguel Ángel Lucero Olivas, propone reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor, a fin de que todo proveedor esté obligado a incluir con el producto o dentro de su empaque todos los accesorios necesarios e indispensables para su adecuado, correcto y normal funcionamiento. En los artículos transitorios de la iniciativa, los legisladores plantearon que la Procuraduría Federal del Consumidor tome en consideración los daños y perjuicios hacia las personas consumidoras para su compensación, así como los precios de mercado de los accesorios necesarios para el producto. También consideraron necesario que la Secretaría de Economía defina las características de los productos y accesorios, en especial de los electrónicos, eléctricos y electrodomésticos; además de determinar aquellos accesorios necesarios y esenciales para el normal, correcto y adecuado funcionamiento del producto que tienen que ser incluidos. En la exposición de motivos, Bañuelos de la Torre, Padilla Peña y Lucero Olivas señalaron que, con el objetivo de incrementar sus utilidades y rendimientos financieros, los proveedores han optado por prácticas que perjudican directamente la economía familiar de millones de mexicanos. “Un método que se ha comenzado a implementar por diversos proveedores consiste en no incluir con el producto aquellos accesorios necesarios para su funcionamiento”. A pesar de que se retira el accesorio, el precio del producto no disminuye, lo que perjudica a la persona que lo adquiere. Desde un punto de vista meramente económico, agregaron, las empresas tienen como objetivo generar utilidades para sus inversionistas. Por ello, frecuentemente toman decisiones que perjudican a la persona consumidora. “En muchas ocasiones, camuflan sus decisiones de buenas intenciones como la protección del derecho humano al medio ambiente”, advirtieron en la iniciativa que fue turnada a las comisiones de Economía y de Estudios Legislativos Segunda.