Nuevamente Ilegalidades en proyecto del Plan General de Desarrollo, Alerta

Lo que se esperaba y como se han conducido los diputados de Morena, a unas horas de ser publicado el proyecto del Plan General de Desarrollo, (PGD), ya presenta dos ilegalidades: no haber sido aprobado por la Junta de Gobierno del Instituto de Planeación y no contar con un periodo de difusión.

La Presidenta de la Comisión de Planeación del Desarrollo del Congreso de la Ciudad de México, Olivia Garza, señaló que la Ley Orgánica del Instituto de Planeación señala que, tanto los proyectos del Plan General de Desarrollo como del Programa General de Ordenamiento Territorial, deberán ser aprobados por su Junta de Gobierno, su máximo órgano de decisión.

“Nosotros le preguntamos personalmente a la directora del Instituto y nos confirmó que no, que no fue aprobado por la Junta; entonces el documento que promueve el Gobierno capitalino no tiene el respaldo del Instituto y, sin ese aval, se debilita completamente la legitimidad del proyecto”, sostuvo.

De igual forma, detalló que el artículo 43 de la Ley del Sistema de Planeación capitalina señala que el Gobierno capitalino está obligado a realizar una amplia difusión del Plan General de Desarrollo, con el propósito de que la ciudadanía conozca, analice y participe en su contenido antes de su aprobación.

“El Gobierno publicó el proyecto para su consulta, omitiendo el periodo de difusión; ahí está su convocatoria, señala claramente que es una consulta. Lo que vemos es un intento de validar un proceso irregular, donde se pretende aparentar apertura ciudadana mientras se incumple la propia ley, lo advertimos: ¡es una simulación!”, enfatizó Garza.

La Presidenta de la Comisión de Planeación exigió al Instituto de Planeación corregir de inmediato estas irregularidades para restituir la legalidad del instrumento urbano que regirá el futuro de la Ciudad para los próximos 20 años.

“El Instituto se saltó dos pasos esenciales: la difusión pública y la aprobación del proyecto por parte de su órgano rector. No solo es un error administrativo, es una violación directa a la ley y un intento de burla a la ciudadanía”, añadió.